Un juzgado de Alicante suspende temporalmente la aplicación de la ZAS en el Casco Antiguo
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cuatro de Alicante ha acordado la suspensión de la entrada en vigor de las medidas correctivas relacionadas con la zona acústicamente saturada (ZAS) en el Casco Antiguo de la ciudad. Esta decisión responde a las medidas cautelares solicitadas por el sector hostelero. El acuerdo, adoptado inicialmente por la junta de gobierno del Ayuntamiento el 14 de octubre, queda paralizado hasta que haya una resolución judicial definitiva. El auto, fechado el 28 de noviembre y comunicado el lunes, se basa en la necesidad de evitar daños irreversibles hasta que se dicte una sentencia firme, salvo que existan razones de interés general suficientemente justificadas.
El juzgado ha considerado que aplicar las restricciones, como limitar el horario de cierre, podría acarrear graves perjuicios económicos para los negocios afectados, incluyendo pérdida de empleos y beneficios. Además, reconoce que el interés público no presenta, aparentemente, suficiente peso específico para contrarrestar estos daños potenciales. La suspensión del acuerdo municipal fue solicitada por varios negocios que lo han impugnado judicialmente.
Los interesados pueden apelar esta decisión ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dentro de un plazo de quince días desde su notificación.
Reacciones del sector y la oposición
Javier Galdeano, presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (ALROA), ha resaltado que las medidas cautelares responden a los “perjuicios irreparables” que podrían sufrir los afectados, sustentados en informes económicos. En sus declaraciones, Galdeano también argumentó que el interés de la ZAS afecta a un número limitado de ciudadanos, entre los cuales se encuentran también los propietarios de los locales.
Por su parte, Ana Barceló, portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, ha calificado el auto como un “revés” para el equipo de gobierno del PP y una “frustración” para los residentes que reivindican su derecho al descanso. Criticó la gestión del alcalde Luis Barcala por su falta de transparencia en la defensa de la ZAS y urgió a la convocatoria de una comisión contra el ruido para informar a la oposición y a las asociaciones vecinales sobre las medidas futuras. También denunció que la mesa del ruido no ha sido convocada durante el año, contraviniendo las expectativas de reuniones mínimas.
