VOX ha presentado una querella ante el Juzgado de Instrucción de Montoro (Córdoba) contra la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y el actual presidente del organismo, Luis Pedro Marco de la Peña, a quienes considera responsables de una grave negligencia en el mantenimiento de la red ferroviaria tras el accidente ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz, que dejó decenas de víctimas mortales y numerosos heridos.
La formación sostiene que los hechos podrían ser constitutivos de homicidio imprudente por imprudencia grave, además de otros cinco delitos de especial gravedad vinculados al ejercicio de responsabilidades públicas y a la gestión de infraestructuras críticas.
Los delitos que VOX atribuye a los responsables de ADIF
Según el escrito presentado por VOX, los hechos podrían encajar en los siguientes tipos penales recogidos en el Código Penal:
- Delito de homicidio imprudente por imprudencia grave (artículo 142).
- Delitos contra los derechos de los trabajadores (artículos 316 y 317), por infracción muy grave del deber de cuidado.
- Delito de prevaricación por comisión por omisión (artículo 404).
- Malversación de caudales públicos (artículos 432 y siguientes).
- Tráfico de influencias (artículos 428 y siguientes).
- Fraude y exacciones ilegales, en su modalidad de intervención fraudulenta en contrataciones públicas o liquidaciones de haberes públicos (artículo 436).
La querella sostiene que, con independencia de la causa concreta que desencadenara el siniestro —ya sea un fallo técnico, una omisión de mantenimiento o una concurrencia de factores—, existe una negligencia estructural grave en el cuidado y conservación de las vías ferroviarias.
Falta de mantenimiento y avisos ignorados durante años
VOX subraya que el accidente no puede analizarse como un hecho aislado. En su escrito recuerda que, durante meses e incluso años, se produjeron numerosos avisos y alertas sobre incidencias, averías y deficiencias en el tramo afectado.
Estas advertencias habrían sido realizadas por maquinistas, el sindicato SEMAF, InfoAdif y también por usuarios habituales de la línea, sin que, según la querella, se adoptaran medidas eficaces para garantizar la seguridad de la infraestructura.
Para la formación, esta acumulación de avisos ignorados refuerza la existencia de una responsabilidad penal derivada del deber de cuidado inherente a los cargos que ostentaban los querellados.
Investigación integral sobre la red ferroviaria y la contratación pública
El escrito insiste en que la magnitud de la tragedia —por la pérdida de vidas humanas, las lesiones sufridas por las víctimas y el daño a la confianza de los usuarios— obliga a una investigación judicial exhaustiva que abarque:
- El estado y la evolución previa de la red ferroviaria en todo el trayecto afectado.
- El mantenimiento real de la infraestructura.
- Los procedimientos de toma de decisiones.
- La adjudicación y ejecución de contratos públicos relacionados con la vía.
- Las personas intervinientes y posibles beneficiarios de dichas contrataciones.
- El cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud laboral.
VOX sostiene que ya existe un resultado objetivo —fallecidos, heridos y graves daños materiales— que justifica la exigencia inmediata de responsabilidades penales, al margen de que la investigación determine con precisión la causa última del siniestro.
Solicitud de declaraciones y ampliación de responsabilidades
Además de Isabel Pardo de Vera y Luis Pedro Marco de la Peña, VOX ha solicitado al juzgado que se cite a declarar, entre otros, al ministro de Transportes, Óscar Puente, al exministro José Luis Ábalos y a José Antonio Santano Clavero, así como a cualquier otra persona que pueda resultar responsable en función de su grado de participación en la toma de decisiones.
La formación considera que la investigación judicial debe esclarecer si existió una cadena de decisiones u omisiones que desembocaron en el accidente, y si estas fueron compatibles con las obligaciones legales y técnicas que rigen la gestión de la red ferroviaria.
