Un juzgado de Alicante ha instado al Ayuntamiento de Benidorm a cumplir de forma voluntaria la sentencia que le obliga a abonar más de 283 millones de euros, más intereses, a los propietarios de unos terrenos situados en el entorno del parque natural de Serra Gelada, tras quedar firme la resolución judicial.
El auto, dictado este martes por el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 del Tribunal de Instancia de Alicante, rechaza la petición del consistorio de suspender la ejecución del fallo y ordena avanzar en todas las actuaciones necesarias para hacer efectivo el pago.
Una sentencia firme tras agotar todas las vías judiciales
La obligación de pago deriva de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que en 2024 condenó al Ayuntamiento de Benidorm a compensar a los propietarios por los aprovechamientos urbanísticos de sus terrenos, incluidos en el sector APR-7.
Posteriormente, el consistorio recurrió ante el Tribunal Supremo, que inadmitió el recurso de casación, lo que supuso la firmeza definitiva de la sentencia. Más tarde, el Ayuntamiento intentó frenar la ejecución mediante un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que también fue rechazado al no apreciar especial trascendencia constitucional.
El recurso de amparo no paraliza la ejecución
El magistrado subraya en su resolución que la interposición de un recurso de amparo no suspende automáticamente la ejecución de una sentencia firme, y añade que, incluso aunque el Constitucional lo hubiera admitido, la solicitud de paralización habría sido igualmente desestimada.
En el auto se recoge además que la cantidad reclamada es la mayor conocida por este órgano judicial desde su creación en 1998, un dato que refleja la magnitud económica del conflicto.
Retrasos injustificados en la ejecución
El juez también da la razón a las empresas propietarias de los terrenos, que denunciaron una dilación indebida en la tramitación de la ejecución. Según el auto, estos retrasos se deben a la gestión anterior del juzgado, marcada por una paralización generalizada de los procedimientos, especialmente en los procesos de ejecución.
Con esta resolución, la vía judicial queda prácticamente cerrada y el Ayuntamiento de Benidorm se ve obligado a buscar una solución económica para afrontar uno de los mayores desembolsos derivados de una sentencia urbanística en la Comunitat Valenciana.
