La Conselleria de Vivienda ha identificado descuadres entre los residentes empadronados y los titulares inscritos en el Registro de la Propiedad en tres viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus, en Alicante. Las comprobaciones se han realizado en coordinación con el Ayuntamiento tras cruzar los datos del padrón, los contratos visados y las inscripciones registrales.
Según las verificaciones concluidas, en esos tres inmuebles la identidad de quienes figuran como residentes no coincide con la de los compradores, lo que podría apuntar a un uso en régimen de alquiler sin la autorización preceptiva de la Conselleria, que debe supervisar y visar los contratos para garantizar que los inquilinos cumplen los límites de renta establecidos en este tipo de vivienda.
Excepciones de residencia y posibles sanciones
Solo uno de los propietarios de esos tres pisos tenía concedida una excepción temporal para no fijar su residencia habitual en el inmueble, obligación que rige a partir de los seis meses desde la firma de la escritura. Sin embargo, tampoco constaría comunicación previa sobre un eventual alquiler o venta, lo que podría suponer una infracción administrativa susceptible de sanción económica.
En otro de los casos con excepción de residencia concedida, sí se había trasladado la intención de venta, lo que podría activar el derecho de tanteo por parte de la Generalitat o del Ayuntamiento de Alicante, en virtud del convenio anunciado entre ambas administraciones. En ese supuesto, la vivienda pasaría a integrar el parque público.
Posible traslado al juzgado
Desde la Conselleria se había avanzado que cualquier anomalía detectada sería puesta en conocimiento de la justicia. La investigación judicial ya abierta analiza posibles irregularidades en el proceso de adjudicación, a raíz de denuncias que apuntan a presuntos delitos como prevaricación, tráfico de influencias o fraude.
Paralelamente, Vivienda continúa revisando el cumplimiento de los requisitos económicos de acceso a las VPP por parte de varios cooperativistas. Se ha solicitado información adicional sobre la renta de los miembros de algunas unidades familiares, tras detectarse omisiones en determinados expedientes.
El Ayuntamiento de Alicante, por su parte, debe remitir ahora un informe a la Conselleria tras las visitas realizadas por la Policía Local para verificar qué viviendas están ocupadas y quién reside en ellas.
Las comprobaciones siguen abiertas y cualquier decisión sobre los propietarios afectados dependerá de la evolución de la causa judicial en marcha.
