El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Torrent ha registrado una moción para que el pleno municipal manifieste su rechazo a la regularización de inmigrantes en situación irregular anunciada por el Gobierno central. La iniciativa será debatida en la sesión ordinaria prevista para el próximo mes de abril.
La formación considera que la medida, anunciada mediante real decreto, supone —según su argumentación— una decisión que debería haberse sometido a debate parlamentario en el Congreso de los Diputados.
Una moción para fijar postura institucional en Torrent
La propuesta presentada por VOX plantea que el Ayuntamiento de Torrent exprese su oposición a la regularización extraordinaria, al entender que puede tener consecuencias en ámbitos como los servicios públicos, el empleo o la seguridad ciudadana.
La portavoz municipal, María Fernández, ha señalado que, a juicio de su grupo, la medida “no responde a criterios humanitarios sino políticos” y ha defendido que la política migratoria debe estar vinculada “a la capacidad real de integración y a las necesidades del mercado laboral”.
En la moción se solicita, entre otras cuestiones:
- Que el pleno manifieste oposición a la regularización extraordinaria.
- Una revisión de los procedimientos de concesión de nacionalidad.
- Prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales y servicios públicos.
- Reformas normativas en materia de empadronamiento y arraigo.
- Expulsión de personas extranjeras que cometan delitos, con independencia de su situación administrativa.
Argumentos esgrimidos por la formación
VOX sostiene que las regularizaciones masivas aplicadas en décadas anteriores han generado lo que denomina un “efecto llamada” y han tenido impacto en el acceso a vivienda, empleo y recursos públicos. También defiende que España debe aplicar una política migratoria “clara, ordenada y subordinada al interés nacional”.
Desde el grupo municipal se insiste en que la ley debe cumplirse y que la regularización de personas que hayan accedido o permanecido en el país sin autorización administrativa no debe convertirse en práctica habitual.
Un debate con dimensión nacional
La cuestión migratoria se ha convertido en uno de los ejes del debate político estatal. Mientras el Gobierno defiende que las medidas adoptadas buscan ordenar situaciones administrativas y facilitar la integración laboral y social, la oposición critica tanto el procedimiento utilizado como el alcance de la decisión.
El debate llegará ahora al ámbito local en Torrent, donde el pleno municipal deberá posicionarse sobre una cuestión que, aunque de competencia estatal, tiene impacto directo en la gestión municipal de servicios y recursos.
La votación prevista en abril servirá para medir el respaldo que obtiene la moción dentro de la corporación municipal.
