La voluntaria asegura que es la única forma de que puedan acceder a la regularización extraordinaria antes del 30 de junio

El reloj corre en contra de decenas de inmigrantes en situación irregular que viven en las calles de Paiporta. A pocas semanas de que finalice el plazo fijado por el Gobierno para acogerse al proceso extraordinario de regularización, una mujer ha decidido dar un paso extremo y poco habitual: empadronar en su propia vivienda a 16 personas sin hogar para intentar evitar que queden fuera del sistema y se enfrenten a órdenes de expulsión.

La protagonista de esta historia es Sandra López, psicóloga clínica sanitaria, perito forense y voluntaria de la asociación ‘Amigos de la Calle’, quien asegura que tomó la decisión “desesperada” tras semanas intentando encontrar alternativas administrativas para estas personas.

El pasado 5 de junio consiguió registrar en el padrón municipal de Paiporta a trece de estos inmigrantes —tres más quedaron pendientes por problemas con la documentación— utilizando su propio domicilio como residencia oficial.

“Aunque sea uno encima del otro los voy a empadronar a todos, es la única solución que me han dado”, explica la voluntaria, consciente de la polémica y de los límites legales que puede rozar una situación de este tipo.

Un grupo atrapado entre la calle y la burocracia

La mayoría de los afectados son hombres de origen argelino y marroquí que sobreviven en condiciones extremadamente precarias en Paiporta.

Sus edades oscilan entre los 24 y los 63 años y, según relata Sandra López, muchos llegaron hace aproximadamente dos años a la Comunitat Valenciana tras cruzar el Mediterráneo en patera.

Actualmente viven entre asentamientos improvisados y naves abandonadas situadas en las proximidades del polígono cercano a la estación de Metrovalencia de Paiporta.

Sin agua corriente, electricidad ni condiciones mínimas de habitabilidad, sobreviven gracias a pequeños trabajos informales como:

• recogida de chatarra
• labores esporádicas
• trabajos como aparcacoches
• ayuda puntual de organizaciones sociales

La ONG ‘Amigos de la Calle’ únicamente puede proporcionarles alimentos determinados días de la semana, una ayuda insuficiente para cubrir todas sus necesidades básicas.

El problema del padrón: la llave para existir administrativamente

El gran obstáculo para este colectivo es el empadronamiento.

Sin estar inscritos oficialmente en el padrón municipal no pueden acceder a numerosos servicios esenciales:

• atención social
• ayudas públicas
• cobertura humanitaria
• asistencia administrativa
• procesos de regularización

Sandra López denuncia que el Ayuntamiento de Paiporta se negó inicialmente a tramitar el empadronamiento en la calle como residencia efectiva, una fórmula que sí contemplan otras ciudades españolas mediante los llamados “domicilios ficticios” o “domicilios sociales”.

En municipios como Valencia capital existen mecanismos que permiten registrar administrativamente a personas sin hogar utilizando direcciones de servicios sociales o recursos municipales.

Sin embargo, según denuncia la voluntaria, esa posibilidad no se estaría aplicando en Paiporta.

“Están completamente abandonados institucionalmente. No tienen acceso a nada porque administrativamente prácticamente no existen”, lamenta.

El 30 de junio: una fecha decisiva

La urgencia del caso tiene una explicación concreta.

El próximo 30 de junio finaliza el plazo para acogerse al proceso extraordinario de regularización impulsado por el Gobierno central.

Para poder presentar la documentación necesaria, el certificado de empadronamiento resulta fundamental.

Sin él, las solicitudes pueden ser rechazadas automáticamente, dejando a estas personas expuestas a expedientes sancionadores y posibles órdenes de expulsión.

Sandra López asegura que, tras semanas intentando reunirse con responsables municipales y conseguir una solución administrativa alternativa, optó finalmente por utilizar su propia vivienda.

La situación ha generado un enorme debate social y jurídico.

Un gesto solidario que abre un debate legal y social

El caso ha provocado opiniones enfrentadas tanto en Paiporta como fuera del municipio.

Por un lado, hay quienes consideran que la actuación de la voluntaria responde a una emergencia humanitaria y a la falta de respuestas institucionales rápidas.

Por otro, también surgen voces que alertan sobre los riesgos legales y administrativos de empadronar a numerosas personas en una vivienda particular sin que realmente residan allí de forma efectiva.

En España, el padrón municipal acredita la residencia habitual de una persona en un municipio y constituye un requisito básico para numerosos trámites administrativos.

La legislación contempla fórmulas excepcionales para personas sin hogar, aunque su aplicación práctica depende en muchas ocasiones de los recursos y criterios de cada ayuntamiento.

Precisamente esa desigualdad entre municipios es una de las cuestiones que este caso ha vuelto a poner sobre la mesa.

“Ayudaron tras la Dana”

La voluntaria asegura además que muchos de estos inmigrantes participaron activamente ayudando tras la Dana que afectó a la provincia de Valencia.

Según explica, colaboraron en tareas de apoyo y asistencia durante los momentos más complicados de la emergencia.

Sin embargo, sostiene que esas circunstancias no se tradujeron posteriormente en facilidades administrativas ni en una regularización efectiva de su situación.

Desde fuentes municipales matizan que no todos los integrantes del grupo llevan el mismo tiempo en Paiporta y que varios llegaron posteriormente.

También reconocen que parte del colectivo reside actualmente en asentamientos improvisados y espacios sin condiciones adecuadas.

Secuelas psicológicas y trauma migratorio

Sandra López, en calidad de perito forense, ha elaborado además informes psicológicos sobre varios de los afectados.

Según explica, muchos presentan:

• trastorno adaptativo
• ansiedad severa
• cuadros depresivos
• secuelas traumáticas derivadas del viaje en patera
• deterioro emocional asociado a la vida en la calle

La especialista sostiene que la situación de exclusión administrativa agrava todavía más el deterioro psicológico de estas personas.

“Viven atrapados en un limbo constante donde no pueden acceder a derechos básicos ni construir una mínima estabilidad”, asegura.

Un procedimiento que puede tardar meses

Aunque finalmente logró registrar a trece personas en el padrón utilizando su domicilio particular, el problema no está completamente resuelto.

El Ayuntamiento habría advertido de que la resolución formal de los expedientes puede demorarse hasta tres meses.

Ese plazo supera ampliamente la fecha límite del 30 de junio establecida para el proceso extraordinario de regularización.

Por ello, el futuro administrativo de estos inmigrantes continúa todavía en el aire.

Mientras tanto, el caso de Paiporta se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles del choque entre burocracia, exclusión social e inmigración irregular que afrontan numerosos municipios españoles.

Y también ha reabierto un debate incómodo: qué ocurre con las personas que, pese a vivir físicamente en una ciudad, quedan fuera de cualquier red institucional por no poder acreditar oficialmente un domicilio.