La confusión parte de una idea bastante extendida: «como un vigilante privado no es policía, solamente puede mirar y llamar a la Policía».

Eso no es correcto.

El artículo 32 de la Ley de Seguridad Privada establece expresamente las funciones de los vigilantes.

Dentro del colegio donde presta servicio, un vigilante puede vigilar y proteger el edificio y a las personas que se encuentran en él. Puede realizar las comprobaciones, registros y actuaciones preventivas necesarias relacionadas con esa protección.

También puede realizar controles de identidad en los accesos, así como comprobar objetos personales, paquetería, mercancías o vehículos cuando resulte procedente dentro del servicio de seguridad. No puede quedarse con el DNI de una persona, pero sí puede impedirle entrar si se niega al control establecido. También puede ordenar que abandone el inmueble protegido.

Y aquí está probablemente lo más importante:

puede intervenir ante un delito.

La ley le encomienda evitar delitos e infracciones administrativas relacionados con aquello que protege y establece que debe intervenir cuando los presencie.

Por ejemplo, si dentro de un colegio una persona agrede a un profesor, amenaza a un alumno, destroza instalaciones o entra violentamente, el vigilante no tiene que limitarse a contemplarlo mientras llega la Policía.

Puede intervenir para impedir que continúe la conducta.

¿Puede detener a alguien?

Sí, en determinadas circunstancias.

Aquí tampoco significa que disponga de las mismas potestades que un policía.

La Ley de Seguridad Privada establece entre sus funciones:

detener y poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes y los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos.

Pero existe una limitación importantísima: no puede interrogar al detenido.

Además, las posibilidades legales de detención deben interpretarse conjuntamente con las reglas generales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre cuándo un particular puede detener.

Por tanto, no estamos hablando de que el vigilante pueda detener arbitrariamente a cualquiera que considere sospechoso.

¿Puede echar a alguien del colegio?

Puede impedir el acceso a una persona que incumpla los controles legítimos establecidos para acceder al inmueble protegido y puede ordenar que abandone el recinto en los supuestos contemplados por la normativa.

Esto tiene bastante importancia en un centro escolar.

Un colegio no es un espacio al que cualquier persona pueda acceder libremente.

El vigilante puede controlar quién entra y proteger las zonas restringidas.

¿Y fuera del colegio?

Aquí aparece una diferencia fundamental.

El vigilante está contratado para proteger un determinado establecimiento, lugar o servicio.

No se convierte en policía del barrio.

Sus funciones están vinculadas al objeto y ámbito del servicio de seguridad contratado, aunque la legislación contempla determinados supuestos en los que los servicios pueden desarrollarse en vías o espacios públicos. Además, la seguridad privada está obligada a colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y seguir sus instrucciones cuando la actuación afecte a la seguridad pública.

Por eso colocar un vigilante dentro de un colegio no equivale a colocar un policía en la puerta.

¿Es agente de la autoridad?

Con carácter general, no.

Pero aquí hay un matiz jurídico muy interesante.

El artículo 31 de la Ley de Seguridad Privada establece una protección jurídica especial cuando el personal de seguridad privada actúa, debidamente identificado, en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En esas circunstancias, las agresiones y desobediencias contra ellos tienen la consideración prevista legalmente para las cometidas contra agentes de la autoridad.

Eso no convierte permanentemente al vigilante en agente de la autoridad.

Es una protección jurídica vinculada a esas circunstancias concretas.

Llevándolo a la crisis de Ceuta

Aquí es donde la cuestión adquiere especial relevancia.

El Ministerio de Educación ha anunciado un dispositivo especial para garantizar el comienzo del curso en Ceuta el 8 de septiembre, después de la crisis migratoria iniciada este verano.

La planificación no consiste exclusivamente en contratar seguridad privada.

Se ha anunciado refuerzo de vigilancia en los centros y rutas escolares y presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las proximidades de colegios e institutos durante los horarios lectivos.

Y hoy, 6 de septiembre de 2026, se informa de que Educación ha contratado además vigilancia privada durante las 24 horas para centros y rutas escolares.

Esto permite entender para qué sirve cada elemento del dispositivo.

Dentro del colegio, el vigilante privado puede controlar accesos, impedir la entrada de personas no autorizadas, vigilar las instalaciones, proteger a alumnos y trabajadores e intervenir ante determinados incidentes o delitos dentro de los límites legales.

En el exterior y ante problemas de seguridad ciudadana, Policía Nacional y Guardia Civil disponen de las potestades propias de los agentes de la autoridad.

Por eso la combinación tiene mucho más sentido que pensar simplemente en «poner vigilantes en los colegios».

Un ejemplo práctico

Imaginemos que una persona ajena al colegio intenta entrar.

El vigilante puede pedirle que se identifique conforme al control de acceso.

Si no está autorizada o se niega al control, puede impedirle el acceso.

Si intenta entrar violentamente, puede intervenir para proteger el centro y avisar inmediatamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Si comete un delito flagrante, existen circunstancias en las que puede detenerla y entregarla inmediatamente a la Policía.

Pero el vigilante no puede después llevársela a unas dependencias policiales propias, investigarla, interrogarla o realizar las funciones generales de seguridad ciudadana correspondientes a Policía Nacional o Guardia Civil.

Entonces, ¿son suficientes los vigilantes para los colegios de Ceuta?

Esta es realmente la pregunta importante.

Son útiles, pero cumplen una función diferente a la Policía.

No son simplemente figuras decorativas ni exclusivamente disuasorias. Pueden controlar accesos, proteger, prevenir e intervenir.

Pero tampoco sustituyen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Y precisamente por eso el dispositivo anunciado para Ceuta contempla ambas cosas: seguridad privada vinculada a los centros y presencia policial en las inmediaciones y rutas escolares.

Si lo quieres convertir en artículo para VN, aquí tienes un titular que creo que funciona muy bien:

¿Qué puede hacer realmente un vigilante de seguridad en los colegios de Ceuta ante un incidente?

No son agentes de la autoridad, pero tampoco están únicamente para disuadir: la ley les permite controlar accesos, proteger a alumnos y profesores, intervenir ante delitos y, en determinados casos, detener hasta la llegada de la Policía.