Índice de contenidos
La jueza María Tardón aprecia indicios de varios delitos y señala una “clara e indudable gestión favorecedora” desde Marruecos
La Audiencia Nacional investigará penalmente la entrada masiva e irregular de migrantes registrada en Ceuta a finales de julio. La jueza María Tardón ha decidido asumir la investigación después de que la Fiscalía informara a favor de la competencia de este tribunal.
En su auto, la magistrada considera que existen indicios de una conducta presuntamente delictiva cometida en el extranjero que habría afectado gravemente a la integridad territorial de España mediante una entrada masiva de personas.
La resolución apunta, en esta fase inicial, a posibles delitos contra la paz e independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con homicidios imprudentes y de organización criminal.
Unas 140 personas murieron durante la entrada a Ceuta
La investigación judicial aborda también las consecuencias humanas de lo ocurrido. El auto cifra en alrededor de 140 las personas fallecidas durante la entrada irregular.
De esas muertes, 83 están acreditadas por el momento en aguas españolas, según la información recogida en las actuaciones. La jueza vincula respecto a estos 83 fallecimientos la investigación del posible delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros con el de homicidio imprudente.
La jueza señala la actuación de agentes marroquíes
Uno de los puntos centrales de la resolución se refiere a lo ocurrido al otro lado de la frontera.
Tardón destaca una “clara e indudable gestión favorecedora” desde Marruecos y recoge indicios de que agentes marroquíes habrían realizado un “guiado activo” de personas que cruzaban irregularmente hacia Ceuta.
Según el auto, la magistrada no aprecia únicamente una posible actitud de permisividad. La resolución sostiene que policías uniformados daban indicaciones para dirigir a las personas, ayudarlas a “superar los obstáculos” y organizar el acceso hacia la zona que conduce a la playa de Fnideq.
Se trata de apreciaciones contenidas en el auto judicial dentro de una investigación que se encuentra todavía en una fase inicial.
La Fiscalía respaldó que la Audiencia Nacional asumiera el caso
Las diligencias se iniciaron a raíz de una denuncia presentada por la organización Iustitia Europa. La jueza solicitó previamente a la Fiscalía que se pronunciara sobre si la Audiencia Nacional era competente para investigar los hechos.
El Ministerio Fiscal se mostró favorable al considerar que los efectos más relevantes se produjeron en territorio español y que la Audiencia Nacional dispone de capacidad para abordar fenómenos criminales complejos y organizados.
La Fiscalía sostiene que una parte sustancial de la posible planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica se habría desarrollado en Marruecos, mientras que la ejecución material y los principales efectos se produjeron en España.
La investigación deberá determinar qué delitos pudieron cometerse
La Fiscalía considera que los hechos podrían encajar inicialmente en presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, con posibles agravantes, además de homicidio y lesiones por imprudencia grave y una supuesta organización o grupo criminal.
También deberá investigarse si los hechos pueden afectar a bienes jurídicos colectivos como la paz o la independencia del Estado. La Fiscalía ha solicitado, además, que se declare el secreto parcial de las actuaciones por la concurrencia de circunstancias excepcionales.
Vox anuncia una querella contra Sánchez y Marlaska
En paralelo a la investigación de la Audiencia Nacional, Vox ha anunciado que presentará una querella contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El coordinador jurídico del partido, Jorge Buxadé, ha señalado que la formación pretende atribuirles delitos de prevaricación, colaboración con el terrorismo, omisión del deber de socorro y lesiones por la gestión de la entrada masiva de migrantes. Se trata de acusaciones anunciadas por Vox que no forman parte de las conclusiones de la investigación judicial.

