Los decretos amplían la protección ante desahucios hasta 2030 y permiten prorrogar dos años determinados contratos de alquiler

El PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo para aprobar dos reales decretos ley con nuevas medidas en materia de vivienda.

El primer texto amplía hasta 2030 la protección frente a los desahucios de personas vulnerables y contempla una prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que finalicen antes del 30 de junio de 2028.

También incluye la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y limitaciones temporales a la compra de viviendas por fondos de inversión.

El segundo decreto recoge la renovación automática de los contratos de alquiler, una de las principales exigencias de Sumar y de los colectivos que participan en las protestas por el acceso a la vivienda.

Las medidas todavía deben votarse

El Gobierno ha solicitado un pleno extraordinario del Congreso para el próximo viernes. Los dos textos se votarán por separado y necesitarán el respaldo de los socios parlamentarios del Ejecutivo.

La división permitiría aprobar las medidas con mayor consenso aunque otras sean rechazadas. Precisamente esta estrategia ha provocado las primeras críticas de Podemos.

Su secretario de Organización, Pablo Fernández, ha advertido de que el Gobierno podría utilizar los dos decretos para atribuir a Junts el bloqueo de las medidas más ambiciosas.

Fernández ha evitado adelantar el voto de Podemos hasta conocer la redacción completa, pero considera que las propuestas anunciadas pueden quedarse en un “parche” que no resuelva el problema del precio de la vivienda.

Alquileres de habitaciones y pequeños propietarios

El acuerdo pretende regular los alquileres de temporada y de habitaciones para evitar que estas modalidades se utilicen para esquivar las normas aplicables a la vivienda habitual.

La medida afecta a un mercado en el que se están cobrando cantidades muy elevadas por una sola habitación, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona.

El debate se extiende también a los pequeños propietarios. Algunos grupos reclaman que las medidas diferencien entre los fondos de inversión y las familias que poseen una sola vivienda alquilada y necesitan esa renta para completar sus ingresos.

Aunque el pacto desbloquea la negociación dentro del Gobierno, su futuro continúa dependiendo de una votación en el Congreso en la que serán decisivos partidos como Junts, PNV y Podemos.