La tensión institucional crece a apenas dos días del 9 d’Octubre. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, mantiene que la Policía Nacional no está para «cambiar realidades», sino para garantizar la seguridad, mientras la acampada por la vivienda continúa ocupando la plaza del Ayuntamiento, escenario de algunos de los principales actos de la festividad.
Bernabé ha defendido que las personas acampadas están ejerciendo un derecho fundamental de reunión y ha trasladado al Ayuntamiento la responsabilidad de decidir cómo desarrolla su programación teniendo en cuenta la situación existente en la plaza.
«La realidad es la que existe, no cambiamos realidades», señaló la delegada, que insistió en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajarán para garantizar la seguridad tanto de quienes participen en los actos del 9 d’Octubre como de quienes permanecen en la protesta.
La acampada tampoco tiene intención de marcharse
Los propios portavoces de la acampada han asegurado que no prevén abandonar ni trasladar el campamento antes del viernes y consideran que debe ser el Ayuntamiento quien busque alternativas para compatibilizar ambas actividades.
La organización cifraba este martes la protesta en alrededor de 400 tiendas y unas 600 personas, aunque ha manifestado su disposición a colaborar para intentar que la reivindicación por la vivienda y la celebración del 9 d’Octubre puedan coexistir.
El problema es que el Ayuntamiento tampoco contempla modificar su calendario.
La alcaldesa, María José Catalá, ha reiterado que no piensa «suspender, aplazar o cambiar de ubicación» ninguno de los actos previstos y ha defendido que la celebración del Día de la Comunitat debe desarrollarse con normalidad.
El Ayuntamiento eleva el enfrentamiento y amenaza con acudir a los tribunales
El conflicto institucional dio un nuevo paso este martes por la tarde. El Ayuntamiento remitió a la Delegación del Gobierno un requerimiento previo a emprender acciones legales si no se garantiza el normal desarrollo de los actos del 9 d’Octubre y la seguridad de las personas en la plaza.
El consistorio sostiene que corresponde a la Delegación adoptar las medidas necesarias para que la concentración no impida las celebraciones previstas y advierte de que recurrirá a la vía judicial si considera que no se actúa.
Bernabé, por su parte, rechaza que la solución pase por una actuación que pueda generar una conflictividad mayor y apuesta por el diálogo entre las partes. «En la seguridad, como en todo, lo importante es el diálogo, no la crispación», afirmó.
Dos posiciones que siguen sin encontrarse
A menos de 48 horas de la celebración, las posiciones continúan alejadas: la acampada anuncia que permanecerá en la plaza, el Ayuntamiento mantiene íntegramente los actos y la Delegación del Gobierno descarta actuar simplemente para hacer desaparecer la protesta.
El dispositivo del 9 d’Octubre estaba previsto inicialmente con cerca de 1.800 efectivos, de los que aproximadamente 1.300 corresponden a la Policía Nacional, pero la situación sobre el terreno ha cambiado desde que se diseñó aquel operativo.
La incógnita es ahora cómo se hará compatible la presencia de cientos de acampados con una jornada que tradicionalmente concentra en el centro de València actos institucionales, celebraciones y movilizaciones.
El choque entre Ayuntamiento y Delegación deja así la seguridad y la organización del 9 d’Octubre en el centro del debate político, con apenas unas horas para alcanzar una solución.
