Tirar fibrocemento junto a un contenedor o depositarlo entre escombros puede constituir una infracción muy grave si el material contiene amianto

Abandonar placas antiguas de fibrocemento en la vía pública, junto a contenedores o mezcladas con restos de obra puede salir muy caro. Cuando estas piezas contienen amianto, dejan de ser simples escombros y pasan a considerarse residuos peligrosos, por lo que su retirada, transporte y eliminación están sometidos a estrictos controles.

La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados, considera infracción muy grave el abandono, vertido o gestión incontrolada de residuos peligrosos. En estos casos, las multas pueden oscilar entre los 600.001 y los 3,5 millones de euros. Si la infracción se califica como grave, la sanción prevista para residuos peligrosos va desde los 20.001 hasta los 600.000 euros.

La cantidad final no se impone automáticamente por dejar una sola placa junto a un contenedor. La Administración debe valorar las circunstancias concretas, como la cantidad de material abandonado, el riesgo generado, el daño ambiental, la intencionalidad, la reincidencia y si las placas estaban rotas o deterioradas.

No todas las placas de fibrocemento contienen amianto

Las placas onduladas que aparecen habitualmente en tejados, cobertizos, bajantes o cerramientos fueron fabricadas durante décadas con una mezcla de cemento y fibras de amianto. Sin embargo, la apariencia exterior no permite confirmar con total seguridad su composición.

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo explica que el amianto se utilizó de forma generalizada en España hasta su prohibición total en diciembre de 2002. Entre los productos más frecuentes se encuentran precisamente las placas onduladas y planas de fibrocemento utilizadas en cubiertas y fachadas.

Por este motivo, cuando se desconoce la fecha de fabricación y el material presenta una antigüedad considerable, debe tratarse con precaución hasta que un técnico o un análisis especializado determine si contiene amianto.

Las imágenes, por sí solas, no permiten certificarlo. No obstante, la antigüedad, el tipo de placa, las inscripciones del fabricante o la documentación de la construcción pueden ofrecer indicios relevantes.

Por qué el amianto se considera peligroso

El peligro no está únicamente en la presencia del material, sino en la posible liberación de fibras microscópicas cuando las placas se rompen, perforan, cortan, lijan o deterioran.

El INSST advierte de que el amianto puede liberar fibras extremadamente finas durante su manipulación. Al ser inhaladas, pueden alojarse en los pulmones y provocar enfermedades graves, entre ellas asbestosis, cáncer de pulmón, cáncer de laringe y mesotelioma. Algunas patologías pueden aparecer décadas después de la exposición.

Una placa conservada e instalada en buen estado no presenta el mismo riesgo que otra rota y abandonada. Sin embargo, cuando el fibrocemento ha llegado al final de su vida útil y se retira, debe gestionarse como residuo peligroso.

Tirarlo junto a un contenedor no es una forma legal de eliminarlo

Las placas sospechosas de contener amianto no deben depositarse en contenedores de basura, contenedores de obra ni solares. Tampoco deben mezclarse con madera, tierra, ladrillos o restos vegetales.

La normativa obliga a mantener los residuos peligrosos correctamente identificados, envasados y separados, además de entregarlos a gestores autorizados. La Ley 7/2022 también prohíbe mezclarlos con otros residuos o materiales.

El abandono puede implicar no solo una multa. La persona responsable también puede verse obligada a pagar la retirada, el transporte, la limpieza de la zona y la correcta gestión del residuo.

Si las placas se han roto o han contaminado el entorno, la actuación puede resultar mucho más costosa, ya que podrían ser necesarias medidas adicionales de limpieza y descontaminación.

La retirada no debe hacerse por cuenta propia

El Real Decreto 396/2006 regula los trabajos en los que existe riesgo de exposición al amianto. De acuerdo con el INSST, los trabajos profesionales deben ser ejecutados por empresas especializadas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto y conforme a un plan de trabajo previamente aprobado por la autoridad laboral.

Por tanto, no es recomendable romper las placas para introducirlas en sacos, cortarlas para transportarlas en un vehículo particular ni barrer en seco los fragmentos.

Entre las precauciones básicas se encuentran no manipular el material, impedir el acceso a la zona y avisar al ayuntamiento, a la Policía Local, al SEPRONA o al organismo autonómico competente en residuos.

Las multas dependen de cómo se califique la conducta

La legislación diferencia entre infracciones muy graves, graves y leves. En el caso del abandono de residuos peligrosos, la propia ley lo incluye entre las conductas muy graves.

No obstante, la sanción concreta dependerá del expediente administrativo y de las pruebas disponibles. Para identificar al responsable pueden utilizarse testimonios, matrículas, cámaras de vigilancia, facturas de obra, documentación encontrada entre los residuos o cualquier otro indicio que permita determinar quién realizó el vertido.

La empresa que ejecutó una reforma, el propietario del inmueble, el transportista o el gestor de los residuos podrían tener responsabilidades diferentes según quién retiró, trasladó y abandonó finalmente el material.

Qué hacer al encontrar placas abandonadas

Quien encuentre placas sospechosas de contener amianto debe evitar tocarlas o desplazarlas. Si están rotas, conviene mantener la distancia y evitar cualquier acción que pueda levantar polvo.

La comunicación debe incluir la ubicación exacta, fotografías tomadas desde una distancia prudente y una explicación sobre el estado del material. La autoridad competente decidirá si es necesario acordonar la zona y contratar una retirada especializada.

El amianto no puede confirmarse solo por la forma ondulada de una placa, pero su posible presencia obliga a actuar con precaución. Lo que para algunas personas puede parecer un simple resto de obra puede convertirse en un residuo peligroso, un riesgo para la salud y una infracción castigada con sanciones que, en los casos más graves, alcanzan los 3,5 millones de euros.