La plataforma Junts per l’Habitatge, que reúne a alrededor de treinta organizaciones defensoras del derecho a la vivienda, se ha manifestado frente al Palau de la Generalitat en Valencia. Su objetivo: instar al gobierno autonómico a detener la especulación y el aumento del alquiler.
“Estamos al límite”, advirtieron representantes de los colectivos, subrayando que ningún gobierno, independientemente de su signo político, puede apropiarse de un derecho tan fundamental como el de la vivienda. Este lunes, entregaron al ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, un conjunto de propuestas relacionadas con la vivienda.
Una de sus demandas esenciales es que la Generalitat actúe para evitar que los fondos buitres adquieran propiedades que podrían albergar a familias en situación de vulnerabilidad. La plataforma sugiere que esto se puede lograr mediante la compra a través del derecho de tanteo y retracto.
Asimismo, consideran imprescindible que el Consell implemente la Ley de Vivienda estatal para regular los precios de los alquileres, los cuales consideran desorbitados. En este sentido, proponen establecer un programa de alquiler solidario entre particulares, pues creen que no todos los pequeños propietarios desean incrementar los precios indiscriminadamente.
José Luis González, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Valencia, expresó su rechazo al “relato permanente” de que la okupación es el principal problema, lo cual, dice, genera tensiones entre vecinos. González manifestó su oposición a las oficinas antiokupación recientemente creadas por la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia.
Además, las organizaciones hacen un llamado a defender seriamente el derecho a la vivienda, advirtiendo que de lo contrario, se corre el riesgo de priorizar el beneficio del turismo y la usura sobre el bienestar vecinal. Denuncian que las ciudades no deben convertirse en meros escaparates turísticos mientras sus habitantes son desplazados.
Otro punto crítico para los manifestantes es el problema de los desahucios, que aseguran continúan ocurriendo, con un 70% de ellos relacionados con retrasos en el pago del alquiler. Exigen a la Generalitat utilizar todas las herramientas disponibles para impedir estos desalojos y proteger la oficina autonómica anti-desahucios. Según informan, en 2024 se registraron 3.610 desahucios en la Comunitat Valenciana y otros 794 solo en el primer trimestre de 2025.
Entre los manifestantes estaba Carmen, una mujer amenazada de desahucio tras la compra de su vivienda de protección oficial por un fondo buitre. Pese a ser viuda y madre de una niña con discapacidad, enfrenta perder su hogar. También presente estuvo Jéssica, una vecina del distrito de Algirós que, tras 14 años en el mismo piso y afectada por Parkinson, ve peligrar su contrato de alquiler. “Si no renuevan mi contrato, ¿qué opciones tengo de encontrar otra vivienda?”, se preguntó, señalando la larga espera para acceder a una vivienda pública.
Asimismo, la plataforma critica las medidas urbanísticas propuestas en áreas afectadas por la dana en la provincia de Valencia. Se oponen a lo que describen como la “regalía de suelo público” mediante permutas que reemplazan el derecho de superficie.
Las asociaciones instan a la ciudadanía a sumarse a una concentración el próximo 17 de julio frente a Les Corts Valencianes, donde demandarán “presupuestos al servicio del pueblo”.
