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Preocupación en las pedanías del sur de Valencia por el proyecto de canalización de la Saleta y el Poyo
La reactivación del proyecto para encauzar los barrancos de la Saleta y el Poyo hacia el nuevo cauce del Turia por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar ha reavivado el debate sobre la viabilidad y los riesgos de esta gran obra hidráulica. El proyecto ha generado opiniones divididas entre los municipios de Aldaia y Alaquàs, quienes se muestran a favor, mientras que el Ayuntamiento de Valencia ha manifestado su disconformidad con los términos actuales, al considerar necesario revisar la capacidad del canal para soportar nuevos caudales.
En Aldaia, los habitantes han demostrado su apoyo a la canalización colgando pancartas en sus balcones. Sin embargo, en dos de las tres pedanías del sur de Valencia, la obra genera “intranquilidad” debido al temor de una posible inundación del río Turia tras recibir el caudal adicional de los barrancos. Los argumentos de los vecinos se basan en que el Plan Sur ya alcanzó su límite durante el evento del 29 de octubre. En un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Valencia realizado el pasado viernes, diversas asociaciones y grupos vecinales, incluyendo a la presidenta de la asociación vecinal de Horno de Alcedo, María José Chiner, instaron a las autoridades municipales a formular alegaciones contra la conexión de las ramblas con el Plan Sur.
Chiner solicitó que el Ayuntamiento evite la implementación del proyecto, advirtiendo de que este podría disminuir el riesgo de inundaciones para Aldaia, Alaquàs y Xirivella, pero a costa de poner en peligro las pedanías del sur. Expresó la necesidad de crear un canal de comunicación que informe a los vecinos sobre los estudios técnicos y las intervenciones planificadas. También sugirió que el Consistorio solicite al Ministerio la instalación de sistemas de drenaje junto al muro de la V-31 para prevenir inundaciones en Horno de Alcedo. Además, propuso un acceso ciclo-peatonal para mejorar la comunicación con el centro de la ciudad.
Por su parte, Empar Puchades, presidenta de la asociación de vecinos de Castellar-l’Oliveral, manifestó a LAS PROVINCIAS su respaldo a las alegaciones del Ayuntamiento y abogó por un enfoque interdependiente basado en estudios rigurosos. Los residentes de Castellar destacan la necesidad de una revisión exhaustiva del nuevo cauce, el cual, según ellos, ha actuado como dique en las últimas décadas. Puchades enfatizó la importancia de incluir a técnicos independientes en las discusiones y abogó por una planificación urbanística coherente.
Por último, la asociación vecinal de La Torre prefiere no expresar una postura definitiva hasta contar con toda la información del proyecto.
