La junta de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado en una sesión extraordinaria el proyecto de modificación puntual número 52 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), enfocado en la nueva regulación de los usos de alojamiento turístico en la ciudad. El equipo municipal del Partido Popular tiene previsto que esta norma reciba la aprobación inicial en el pleno ordinario de este mes.
Con esta aprobación preliminar se busca mantener la moratoria en la concesión de permisos para viviendas turísticas durante un segundo año, permitiendo así continuar con la tramitación según lo expresa un comunicado del consistorio. La nueva normativa establece un índice máximo de 0,187 plazas turísticas por habitante y prohíbe la creación de nuevas plazas en zonas saturadas urbanísticamente, permitiendo algunas excepciones para hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas.
Adicionalmente, se prohíbe la implantación de usos turísticos en las plantas bajas de los principales viarios comerciales y se exige un acceso independiente para la concesión de licencias de alojamientos turísticos ubicados en edificios residenciales.
Esta iniciativa, en palabras del vicealcalde Manuel Villar, tiene como objetivo “adecuar el marco urbanístico municipal a la evolución del fenómeno del alojamiento turístico”, cuyo incremento en algunos barrios ha afectado al acceso a la vivienda, la convivencia, la movilidad y los servicios públicos. Villar añade que esta medida pretende ordenar el uso turístico, compaginarlo con la residencia y fomentar un modelo de turismo urbano de calidad y sostenible.
El equipo de gobierno enmarca esta modificación dentro del objetivo municipal de avanzar hacia “un modelo de ciudad compacta, de proximidad y orientada a la movilidad sostenible”. La regulación persigue preservar la función residencial en los barrios, reforzar la diversidad funcional compatible y evitar la saturación turística.
Los datos y experiencia acumulados indican que, en ausencia de controles urbanísticos claros, el alojamiento turístico tiende a concentrarse en determinadas áreas, presionando sobre el mercado de viviendas y el espacio público. Por ello, la modificación puntual número 52 establece límites claros a la capacidad de carga turística, diferenciando entre tipos de alojamiento y definiendo restricciones específicas para zonas saturadas.
La normativa utiliza la sección censal como unidad para definir zonas saturadas. En zonas no saturadas, se podrán autorizar nuevas plazas turísticas, pero con controles que impidan superar el umbral máximo. Se establece una excepción para hoteles de cuatro y cinco estrellas, que no estarán sujetos al límite de saturación, mientras que los de tres estrellas tendrán un régimen especial con un límite de 0,32 plazas turísticas por habitante.
Esta excepción busca promover un modelo de excelencia turística que priorice calidad sobre cantidad, incentivando ofertas que generen empleo estable y atraigan a visitantes menos estacionales y respetuosos con el entorno urbano.
Asimismo, se prohíbe la implantación de usos turísticos en plantas bajas de viarios estructurantes y ejes comerciales para favorecer el comercio de proximidad. El objetivo es proteger el tejido comercial local, evitando que el uso turístico reemplace a los servicios esenciales para los residentes.
Finalmente, la normativa requiere que los establecimientos turísticos en edificios residenciales dispongan de un acceso independiente, asegurando que no afecten la vida comunitaria de los vecinos o compartan espacios comunes. Esta medida está destinada a preservar la seguridad y tranquilidad de los residentes, separando los flujos de turistas de las áreas de convivencia común, según declara el Ayuntamiento.
