Once familias de Rocafort logran alquiler social tras conflicto

Un paso adelante en la vivienda social en Rocafort

La localidad valenciana de Rocafort ha sido noticia recientemente por un caso que ha generado interés tanto a nivel regional como nacional. Tras varios meses de incertidumbre, negociación e implicación institucional, once familias vulnerables han conseguido asegurar un alquiler social, evitando así su desalojo de los inmuebles que ocupaban en la urbanización El Pilar.

Este acontecimiento marca un precedente positivo en la lucha por el acceso a la vivienda digna en la Comunidad Valenciana. Gracias al trabajo coordinado entre las autoridades municipales, asociaciones vecinales y el gobierno autonómico, se ha garantizado a estas personas un techo sin que tengan que abandonar su entorno habitual.

Antecedentes del conflicto habitacional

La problemática se remonta a hace varios años, cuando un grupo de familias en riesgo de exclusión social comenzó a ocupar de forma irregular varias viviendas de un edificio de la urbanización El Pilar. Estas viviendas, que permanecían vacías, eran propiedad de entidades bancarias tras procesos de desahucios y ejecuciones hipotecarias derivadas de la crisis económica de 2008.

Con el paso del tiempo, y ante la falta de soluciones efectivas por parte de las administraciones, los vecinos afectados fueron creando redes de apoyo y solicitando medidas de regularización. La tensión creció en 2023, cuando se presentaron demandas judiciales contra ellos, apareciendo el riesgo inminente de desalojo.

Reacciones de la comunidad

El conflicto desencadenó múltiples reacciones dentro de la comunidad local. Por un lado, algunos residentes de Rocafort mostraron su preocupación por la situación social de las familias afectadas. Por otro, surgieron opiniones enfrentadas centradas en la legalidad de las ocupaciones y el uso de la propiedad privada.

No obstante, lo que primó fue un enfoque solidario. Asociaciones vecinales y plataformas por el derecho a la vivienda se movilizaron, organizando acciones de visibilización y presionando para lograr una alternativa habitacional viable que no implicara desarraigar a las familias.

Intervención de la Generalitat y el papel del Ayuntamiento

La solución llegó cuando la Generalitat Valenciana decidió facilitar a las familias el acceso a un régimen de alquiler social, valiéndose de la colaboración institucional con el Ayuntamiento de Rocafort y bancos implicados.

Los nuevos contratos se han realizado a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), la cual asume la gestión habitacional de numerosos inmuebles públicos y en manos de entidades bancarias. El acuerdo establece alquileres adaptados a la situación económica de cada núcleo familiar, evitando situaciones de sobreendeudamiento.

Además, se ha ofrecido acompañamiento social a las familias firmantes con el fin de fomentar la integración, favorecer el empleo y mejorar la calidad de vida.

Declaraciones de autoridades

La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, destacó: “Esta es una muestra de que cuando hay voluntad política y coordinación se puede garantizar el derecho a la vivienda sin dejar a nadie atrás”.

Por su parte, el alcalde de Rocafort, Guillermo José Gimeno, señaló que el acuerdo representa “una victoria del sentido común y la empatía, además de una solución efectiva y legal que protege tanto los intereses públicos como los derechos humanos”.

Importancia del alquiler social como herramienta de inclusión

Este caso específico refleja la creciente necesidad de promover el alquiler asequible y políticas públicas de acceso a la vivienda para sectores vulnerables. En el contexto actual, donde el mercado inmobiliario se encuentra tensionado por la subida de precios y la especulación, el alquiler social se convierte en un instrumento vital para garantizar un mínimo de estabilidad y dignidad.

Beneficios del alquiler social

• Evita el desarraigo de familias con vínculos comunitarios en su entorno.
• Incentiva procesos de regularización y convivencia ciudadana.
• Reduce el coste institucional de los procedimientos de desahucio.
• Promueve el uso eficiente de inmuebles vacíos o infrautilizados.

La lucha por el derecho a una vivienda digna trasciende este caso en particular, convirtiéndose en un reflejo de las carencias estructurales en el modelo habitacional español. Pero también deja ver el potencial transformador de la acción política cuando se orienta al bien común.

Participación ciudadana: clave para lograr soluciones

No se puede entender el desenlace positivo sin mencionar el papel imprescindible de la participación ciudadana. Las familias no solo mostraron firmeza frente a la adversidad, sino que contaron con el respaldo de asociaciones como:

• Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
• Red de Solidaridad Popular de L’Horta Nord
• Asociaciones vecinales de Rocafort y localidades cercanas

Estas organizaciones impulsaron campañas de visibilidad mediática, organizaron concentraciones ante los juzgados y fomentaron el diálogo entre instituciones y afectados. Gracias a su intervención, se evitó un drama social mayor y se pudo construir un consenso que priorizara a las personas sobre la burocracia.

Una solución que debe extenderse

El modelo aplicado en Rocafort podría convertirse en una fórmula replicable en otras localidades de la provincia de Valencia y la Comunidad Valenciana en su conjunto. Tanto la EVha como la Conselleria de Vivienda disponen de herramientas legales y estructuras que, aprovechadas con visión de futuro, pueden contribuir a normalizar el acceso al alquiler social en condiciones justas.

Entre las medidas que podrían generalizarse destacan:

• El uso de viviendas vacías propiedad de bancos y fondos de inversión para fines sociales supervisados por la administración.
• El desarrollo de un parque público de vivienda más amplio y diversificado.
• El acompañamiento social para evitar la cronificación de situaciones de exclusión.

Desafíos y oportunidades

La experiencia de Rocafort recuerda que, sin bien existen múltiples retos por delante, como la escasez de viviendas públicas o los obstáculos legales al uso de inmuebles embargados, también hay espacios de oportunidad. La cooperación entre instituciones y la acción comunitaria son factores clave para avanzar hacia una sociedad inclusiva e igualitaria.

El futuro de las familias beneficiadas

De las once familias que han podido firmar contratos bajo régimen de alquiler social, ocho ya han regularizado completamente su situación. Las tres restantes están en proceso de documentación, pero se espera que en pocas semanas puedan también disfrutar de estabilidad jurídica y habitacional.

Vienen ahora tiempos de adaptación, mejoras de infraestructura y relaciones vecinales renovadas. Sin embargo, lo más importante es que estas familias podrán construir su proyecto vital sobre una base segura, con la esperanza de avanzar, encontrar empleo, escolarizar a sus hijos sin interrupciones y formar parte activa de su comunidad.

Conclusión

El caso de Rocafort demuestra que es posible avanzar en políticas reales y humanas de alquiler social cuando se priorizan los derechos fundamentales. Gracias a la colaboración ciudadana, el respaldo institucional y la gestión responsable, once familias han evitado el desahucio y hoy disponen de un hogar en condiciones dignas dentro de su municipio.

Este episodio no solo es un triunfo para los afectados, sino también una señal clara de que existen vías legales, sociales y económicas para transformar un modelo habitacional excluyente en uno que abrace la diversidad y el bien común.

El derecho a la vivienda no puede ser una utopía. Casos como el de Rocafort lo demuestran: con voluntad y compromiso, es posible convertir problemas habitacionales en historias de justicia social.