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Amnistía Internacional acusa a la Generalitat de violar derechos humanos durante la gestión de la DANA
Amnistía Internacional ha presentado un informe en el que acusa a la Generalitat de Valencia de haber violado derechos humanos durante la gestión de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA). Según el documento titulado “Tengo pesadillas en las que suena esa alarma”, se vulneraron los derechos a la vida y a la integridad física de miles de personas debido a una deficiente comunicación de información crucial que podría haber mitigado el impacto de la catástrofe. Muchos recibieron las alertas cuando ya estaban en situaciones de peligro extremo, resultando en la desprotección de miles y en graves consecuencias para cientos de personas.
El informe argumenta que, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la gestión negligente puede considerarse una violación del derecho a la información, ya que el Estado tiene la obligación de informar adecuadamente sobre emergencias de alto riesgo para la vida. Amnistía Internacional subraya que estas acciones incumplen varios artículos de convenios internacionales de derechos humanos y también violan las normativas españolas de protección civil.
Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, destaca que las víctimas han experimentado una gran desprotección durante y después de la DANA, y se requiere una rendición de cuentas que garantice investigaciones exhaustivas y ofrezca justicia y reparación. Testimonios recogidos en el informe ilustran la desesperación vivida por los afectados, como el de José Manuel de Alfafar, quien tuvo que refugiarse en un semáforo durante horas, mientras su hermano falleció ayudando a una mujer atrapada en un coche.
Otros casos incluyen a Meri, vecina de Catarroja, quien encontró a su padre fallecido diez días después del desastre, con la ayuda de voluntarios, tras una espera sin rescate. Marta, de Picanya, fue otra de las afectadas, obligada a buscar a su padre, cuyo cuerpo localizaron a través de las redes sociales al no recibir asistencia oficial.
Amnistía Internacional cree que la responsabilidad de la gestión de la emergencia recaía en la Generalitat Valenciana, y critica al Gobierno central por no asumir el control de la situación, a pesar de que la ley permite su intervención en emergencias que afectan a más de una comunidad autónoma. La organización también subraya que la responsabilidad estatal es unitaria para este tipo de emergencias.
Finalmente, el informe pone de manifiesto que los ayuntamientos más afectados, como Paiporta, Alfafar, Benetússer, Catarroja, Picanya y Massanassa, no recibieron la información necesaria para enfrentar el desastre el 29 de octubre de 2024. La entidad insiste en la necesidad de un servicio de protección civil municipal más efectivo y critica la falta de coordinación entre las administraciones, que dejó a muchas personas sintiéndose abandonadas.
Testimonios como el de Meri subrayan la falta de información disponible en los días posteriores a la DANA. Katrin también comparte su experiencia con la reubicación de su padre, Carlos, en instalaciones temporales sin suficientes servicios, después de que su vivienda cercana a un barranco quedó destruida.
Este informe destaca la crítica situación de los damnificados y la necesidad urgente de mejorar las estrategias de protección civil y de comunicación en casos de emergencia para evitar futuras tragedias.