Amnistía Internacional ha denunciado que la Generalitat Valenciana “vulneró el derecho a la vida” al no proporcionar información vital el 29 de octubre durante la dana que devastó la provincia de Valencia. La ONG, en su informe titulado ‘Tengo pesadillas en las que suena esa alarma’, sostiene que la falta de información adecuada dejó desprotegidas a miles de personas, implicando la responsabilidad de las autoridades en las más de 220 muertes registradas aquel día.
El documento resalta la “negligente gestión” de la emergencia por parte de la Generalitat, apuntando a una violación del derecho a la información conforme al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. También se afirma que se incumplieron normativas estatales y autonómicas de protección civil, que obligan a informar a la población en situaciones de riesgo.
Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, subraya que el Estado español no cumplió con sus obligaciones internacionales de derechos humanos. Destaca la necesidad de investigaciones exhaustivas para garantizar justicia y reparación a las víctimas, además de proponer una revisión profunda del sistema de protección civil.
Casos como el de José Manuel, un vecino de Alfafar, quien pasó seis horas en un semáforo durante la tormenta y perdió a su hermano intentando rescatar a una mujer, ilustran la gravedad de la situación. La ONG considera que tanto la Generalitat como el Gobierno central fallaron en su responsabilidad de gestionar la crisis y proteger a la ciudadanía.
Amnistía Internacional apunta a una falta de coordinación entre los diferentes niveles de administración, lo que dejó a muchos municipios como Alfafar, Benetússer, Paiporta, Catarroja, Massanassa y Picanya sintiéndose abandonados tras el desastre. Además, resalta que la recuperación inicial no contempló un enfoque basado en derechos humanos, afectando especialmente a los colectivos más vulnerables.
Finalmente, el informe sugiere 14 recomendaciones para evitar que una gestión negligente vuelva a poner en riesgo vidas humanas. Entre estas, se incluyen la revisión de los sistemas de comunicación y alerta, el fortalecimiento del sistema ES-Alert y la capacitación de la ciudadanía en emergencias.
