La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de cuatro años de prisión para Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig. Los cargos en su contra son falsedad documental y estafa en la obtención de subvenciones destinadas a empresas de comunicación. Para su socio, Juan Enrique Adell Bover, la Fiscalía pide una condena de tres años de cárcel.
Según el escrito de acusación presentado por el Ministerio Público ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, Francis Puig enfrenta cargos por un delito de falsedad documental continuada en concurso con un delito de estafa agravada. La propuesta de pena incluye, además, una multa de diez meses a razón de 20 euros diarios y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, con una responsabilidad personal subsidiaria de cinco meses en caso de impago. Para Adell Bover, se solicita una pena por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con otro de estafa agravada por cooperación necesaria, consistente en tres años de prisión y una multa de idéntico valor y duración.
El pasado enero, el Juzgado de Instrucción 4 de Valencia decidió procesar a Francis Puig y a Juan Enrique Adell Bover, administradores de Comunicacions dels Ports SA y Canal Maestrat SL, respectivamente. Esta decisión se enmarca en una investigación sobre subvenciones públicas destinadas al fomento del valenciano en medios de comunicación, que ambas empresas, junto con Mas Mut Produccions SL, administrada también por Puig, habrían percibido entre 2015 y 2018.
El juez concluyó, tras la instrucción realizada, que los hechos podrían constituir delitos de estafa y falsedad documental. La resolución descartó el delito de fraude en subvenciones, ya que la cantidad supuestamente indebida ascendía a alrededor de 67.500 euros, inferior al límite de 120.000 euros requerido por la legislación vigente en esa época.
El auto de procedimiento abreviado indica que las conductas denunciadas son relevantes no solo por la cantidad, sino también por los métodos empleados, como el uso de facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios y actividades no relacionadas con las subvenciones obtenidas. La investigación se ha centrado en ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Cataluña a Comunicacions dels Ports SA, Mas Mut Producción SL y Canal Maestrat. En el caso valenciano, las ayudas se destinaban a la protección y difusión del valenciano; en el caso catalán, se trataba de subvenciones estructurales para servicios en lengua catalana o aranesa.
