Aptur CV presenta demanda judicial contra la moratoria de licencias para pisos turísticos en Alicante
La Asociación de Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico de la Comunitat Valenciana (Aptur CV) ha interpuesto una demanda judicial contra la moratoria en la entrega de nuevas licencias para viviendas de uso turístico, medida aprobada por el Ayuntamiento de Alicante.
La agrupación asegura que la moratoria “carece de sustento real” y destaca que el informe utilizado por el consistorio para justificar esta acción “sostiene exactamente lo contrario” a lo especificado en la norma aprobada. Según el comunicado de la entidad, dicho informe concluye que Alicante “no experimenta un exceso de viviendas turísticas ni un impacto negativo significativo sobre la vivienda ni la convivencia”.
El estudio técnico desarrollado por Estrategia y Organización SA descarta la existencia de una presión urbanística considerable por parte de las viviendas de uso turístico en la ciudad, pero este resultado, según la patronal, ha sido desestimado de manera evidente.
Aptur CV recalca que estos inmuebles representan un motor económico importante para la ciudad, generando un impacto económico “de 220 millones de euros en 2024”, según datos proporcionados por la consultora de Big Data inAtlas.
La presidenta de la asociación, Silvia Blasco, ha señalado que es “incomprensible” utilizar un informe que afirma que la incidencia de las viviendas turísticas en Alicante es moderada y que no se observan zonas de mercado residencial tensionado, como sí ocurre en otras ciudades grandes.
Blasco critica que “la actuación del Ayuntamiento no se sustenta en criterios técnicos ni en datos objetivos, sino en intereses políticos y mediáticos que perjudican a miles de ciudadanos”, y califica las decisiones del consistorio de “arbitrarias y perjudiciales para la ciudadanía”.
La demanda también subraya que “la suspensión de licencias se ha acordado pese a que el estudio técnico manifestó que Alicante no experimenta una alta presión urbanística por parte de las VUT”.
Silvia Blasco añade que estas políticas restrictivas afectan no solo a empresarios y trabajadores del sector, sino a todos los alicantinos, ya que limitan la oferta de alojamiento, reducen ingresos y empleo, y afectan a la convivencia.
La presidenta de Aptur CV insiste en que no hay pruebas de que la vivienda turística esté desplazando a la residencial en Alicante, ni de que afecte negativamente a la convivencia vecinal o el tejido social. Sostiene que las acciones se fundamentan en suposiciones infundadas, ignorando el informe técnico encargado por el consistorio.
La patronal advierte también sobre el “daño que esta suspensión de licencias causa a cientos de familias, autónomos y pequeñas empresas” que dependen de la gestión de viviendas turísticas. Según Blasco, más de 2.500 empleos directos e indirectos están en riesgo, junto con la oferta turística complementaria que permite desestacionalizar y atraer nuevos perfiles de visitantes. Estas decisiones, recalca, ponen en riesgo el futuro de muchas personas y restan competitividad a Alicante como destino.
Desde la asociación se exhorta al Ayuntamiento de Alicante a “rectificar, retirar la suspensión de licencias y abrir un proceso de diálogo con el sector y expertos independientes”.
Aptur CV expresa que apoya la regulación, el control y las medidas para evitar efectos negativos del turismo, siempre basándose en información veraz y objetiva, no en rumores o intereses partidistas. La entidad confía en que la justicia restablecerá la legalidad y la seguridad jurídica, reiterando su disposición a colaborar con las administraciones para una convivencia equilibrada y sostenible entre diferentes usos residenciales y turísticos.
