España no se enfrenta hoy a un fenómeno inédito. La regularización extraordinaria de personas migrantes que impulsa el Gobierno para 2026 se inscribe en una larga tradición de procesos similares desarrollados desde los años 80, bajo ejecutivos de distinto signo político, y que han beneficiado a más de 1,2 millones de personas en las últimas décadas.
Lejos del relato alarmista que circula en redes sociales, las regularizaciones han sido herramientas administrativas habituales para dar respuesta a realidades sociales ya existentes y nunca han supuesto cambios en el sistema electoral ni en el derecho a voto.
Índice de contenidos
Seis procesos de regularización en democracia
Desde 1986, España ha aprobado seis procesos de regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación administrativa irregular. Cuatro se produjeron con gobiernos socialistas y dos con el Partido Popular en el poder.
Regularizaciones con Felipe González
Las tres primeras regularizaciones se aprobaron durante los gobiernos de Felipe González:
- 1986: 38.180 concesiones
- 1991–1992: 114.423 concesiones
- 1996: 21.294 concesiones
En conjunto, estas tres medidas permitieron regularizar a más de 174.000 personas en una década. La de 1996 fue aprobada mediante real decreto cuando González aún era presidente, aunque entró en vigor ya con el cambio de Gobierno.
Las regularizaciones masivas con Aznar
Con José María Aznar al frente del Ejecutivo se aprobaron dos procesos en apenas dos años:
- 2000: 264.153 concesiones
- 2001: 239.174 concesiones
En total, más de 503.000 personas fueron regularizadas. Estas medidas se apoyaron en la Ley de Extranjería, aún vigente, que preveía procedimientos extraordinarios mediante disposiciones transitorias, desarrolladas por reales decretos aprobados por el Congreso.
2005: la mayor regularización de la historia reciente
La regularización más amplia hasta la fecha se produjo en 2005, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
- Concesiones: 576.506 personas
Conocida como “proceso de normalización”, exigía la presentación de un contrato de trabajo firmado por un empleador y se tramitó también mediante real decreto. Supuso un punto de inflexión en la integración laboral de miles de personas y tuvo un impacto directo en el aumento de cotizaciones y la reducción de la economía sumergida.
2026: la primera regularización en más de 20 años
Durante los gobiernos de Mariano Rajoy, este mecanismo no se utilizó. Por ello, la regularización anunciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez será la primera en más de dos décadas.
El Gobierno estima que podrán beneficiarse alrededor de 500.000 personas, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el Real Decreto:
- Haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025.
- Acreditar una permanencia continuada mínima de cinco meses en el momento de presentar la solicitud.
- Carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público.
La medida recoge el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular impulsada tras la pandemia y respaldada por más de 600.000 firmas, finalmente canalizada por vía reglamentaria.
Regularizaciones y derecho a voto: una confusión interesada
Todas estas regularizaciones, desde 1986 hasta 2005, no alteraron el sistema electoral español. Ninguna concedió la nacionalidad ni el derecho a voto en elecciones generales o autonómicas.
El marco legal es claro:
- El voto en generales y autonómicas está reservado a quienes tienen nacionalidad española.
- La regularización concede residencia y trabajo, no derechos políticos.
Por tanto, el argumento de que la regularización de 2026 pueda suponer un “fraude electoral” carece de base jurídica y precedentes históricos.
El papel del arraigo: regularización continua y silenciosa
Más allá de los procesos extraordinarios, la legislación española contempla desde hace años la regularización por arraigo, una vía ordinaria que ha permitido regularizar a más de 376.000 personas entre 2013 y 2025.
Existen distintos tipos de arraigo —social, sociolaboral, familiar, formativo o de segunda oportunidad—, con autorizaciones generalmente de un año y requisitos estrictos, como carecer de antecedentes penales y acreditar integración o vínculos familiares.
Una herramienta administrativa recurrente
La historia demuestra que las regularizaciones extraordinarias no son una anomalía, sino una herramienta recurrente de gestión migratoria utilizada por gobiernos de distinto signo cuando la realidad social ha desbordado los cauces ordinarios.
Desde 1986, más de un millón de personas han regularizado su situación en España sin que ello haya supuesto cambios en el sistema democrático ni en el derecho al sufragio. La regularización de 2026 se sitúa, por tanto, en una línea histórica conocida, lejos de los mensajes alarmistas que hoy circulan sin contexto ni memoria.
Procesos de regularización extraordinarios en España
| Año | Solicitudes presentadas | Solicitudes concedidas | Porcentaje de denegación |
|---|---|---|---|
| 1986 | 43.815 | 38.180 | 12,9 % |
| 1991–1992 | 142.170 | 114.423 | 19,5 % |
| 1996 | 25.128 | 21.294 | 15,3 % |
| 2000 | 272.482 | 264.153 | 3,1 % |
| 2001 | 351.269 | 239.174 | 25,7 % |
| 2005 | 691.655 | 576.506 | 16,7 % |
| 2026 (estimación) | — | 500.000 | — |
Totales históricos (1986–2005)
| Concepto | Total |
|---|---|
| Personas regularizadas | Más de 1.200.000 |
| Procesos extraordinarios | 6 |
| Gobiernos implicados | PSOE y PP |
