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La Asociación de Apartamentos Turísticos de la Comunidad Valenciana (APTUR CV) ha interpuesto un recurso legal contra el Ayuntamiento de Valencia, criticando la suspensión de licencias para nuevas viviendas de uso turístico (VUT) como una acción “desproporcionada y sin justificación sólida”. También acusa al Consistorio de implementar la política de los “5 candados” sin respetar los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica, basándose en suposiciones infundadas y arbitrarias.
El recurso ha sido presentado en la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y está respaldado por un informe pericial de la consultora especializada en Big Data y Location Intelligence, inAtlas. Este documento desafía los argumentos del Ayuntamiento con datos específicos, como el hecho de que el 75% de las viviendas de uso turístico registradas entre 2018 y 2024 se encuentran en locales comerciales transformados. Además, indica que el 62,7% de dichos locales permanecieron cerrados por más de cinco años antes de su conversión. Solo 363 apartamentos se situaron en viviendas durante ese periodo, lo que representa menos del 1% del parque de viviendas vacías de Valencia. Adicionalmente, el informe señala que Valencia ha invertido 35,54 euros por habitante en vivienda en los últimos ocho años, una inversión significativamente menor en comparación con las ocho principales ciudades de España, que gastaron un promedio de 293,89 euros por habitante.
Silvia Blasco, presidenta de APTUR CV, declaró: “Es esencial que las decisiones que afectan a nuestra ciudad se fundamenten en datos reales y hechos objetivos, no en relatos infundados que ignoran la realidad social de Valencia. La moratoria está completamente injustificada y es arbitraria. Con esta medida, el Ayuntamiento de Valencia actúa irresponsablemente y engaña a la ciudadanía sobre las verdaderas causas del problema de vivienda”.
El recurso también destaca que los informes utilizados por el Ayuntamiento para justificar la suspensión tienen notables deficiencias técnicas, de acuerdo con la consultora inAtlas. El “Informe Castroconsulting” presenta confusiones conceptuales, mientras que el “Informe VisitValencia” sobreestima en un 60% la oferta de viviendas turísticas debido a errores en las fuentes. Según APTUR CV, estos fallos metodológicos resultan en conclusiones sesgadas que no reflejan el verdadero impacto de las VUT.
A pesar de las afirmaciones del Consistorio sobre una supuesta saturación urbana y la desaparición del comercio local, el estudio muestra que los visitantes alojados en VUT representan solo el 0,63% del total de personas que transitan por Valencia. En cuanto al comercio minorista, el dictamen revela que ha crecido un 1,24% en la última década, desafiando la afirmación del Consistorio de que las VUT acaban con el comercio local. Además, Valencia ha incrementado su población en 32.927 habitantes desde 2018; particularmente, el núcleo de Ciutat Vella ha crecido un 10,26% en población y un 11,15% en el número de familias residentes, lo que, según la entidad, refleja un dinamismo urbano y social que desmiente la afirmación del Ayuntamiento de que las VUT expulsan a la población.
En 2024, las viviendas de uso turístico y los apartamentos turísticos generaron un impacto económico de 830 millones de euros en la ciudad, recibieron a 1.370.000 personas y crearon cerca de 4.000 empleos directos e indirectos en Valencia. Finalmente, APTUR CV también critica al Ayuntamiento de Valencia por la falta de un período de información pública previo a la suspensión y destaca una falta de transparencia y de compromiso con los ciudadanos y las entidades afectadas. La asociación espera que este recurso promueva una revisión de las políticas en todo el territorio autonómico, garantizando que todos los actores del sector turístico sean escuchados y que las regulaciones se apliquen de manera proporcional y justa.
