La Audiencia de Valencia ha respaldado la decisión de investigar a Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat, por su gestión de la dana, un fenómeno que provocó 228 muertes y multimillonarios daños en la provincia. Esta decisión sostiene el auto anterior del 10 de marzo emitido por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja.
Además, la Audiencia ha confirmado la inadmisión de una querella presentada por la organización Hazte Oír contra Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y otros cuatro cargos de la entidad. También se ha ratificado la negativa a recibir declaración como investigada a Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia.
En el caso de Pradas, la Sección Segunda desestimó la apelación de su defensa, que solicitaba el sobreseimiento de la causa. El tribunal argumentó que el auto inicial identificó la obligación de actuar de la investigada y planteó una posible negligencia en su cumplimiento, apoyándose en datos de las actuaciones que indican que Pradas podría haber conocido la información sobre los caudales acumulados y sus consecuencias potenciales.
Por otro lado, la querella contra Polo y otros integrantes de la CHJ fue desestimada por entender que no se habían presentado hechos con relevancia penal que justificaran un procedimiento contra una entidad administrativa, lo que hubiera derivado en una investigación prohibida por la ley.
Finalmente, la Audiencia desestimó el recurso de la acusación popular, en representación de la asociación Liberum y Vox, contra la negativa a investigar a Bernabé. Los magistrados reiteraron que la delegada no pidió la declaración de emergencia nacional y que el management de la emergencia recaía legalmente en la administración autonómica.
