Los consejeros de Hacienda de la Comunitat Valenciana, Ruth Merino; de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz; de Galicia, Miguel Corgos, y de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, han expresado su desacuerdo con el Gobierno central por llevar a cabo “una negociación bilateral” sobre el modelo de financiación autonómica con Cataluña, en lugar de adoptar un enfoque “multilateral” que incluya a todas las comunidades autónomas. Estas declaraciones se realizaron durante las XII Jornadas RIFDE y del IVIE de Finanzas Autonómicas en Valencia.
Los responsables autonómicos destacaron la necesidad de debatir sobre el gasto “sostenible” de las comunidades autónomas y la responsabilidad que deben asumir bajo las normas europeas, a pesar de las dificultades para gestionar áreas fundamentales como la sanidad. Insistieron en la importancia de asegurar ingresos para sostener el sistema público.
Ruth Merino, desde la Comunitat Valenciana, criticó la demora del Gobierno español en adaptar la normativa nacional a las expectativas europeas sobre la regla de gasto. Manifestó escepticismo respecto a la prometida reforma del sistema de financiación por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, citando la falta de apoyo político como un obstáculo significativo.
Luis Alberto Marín, desde Castilla-La Mancha, expresó su oposición al principio de ordinalidad en el modelo de financiación, sugiriendo que debería basarse en el principio de igualdad de acceso a los servicios públicos, independientemente de la capacidad económica de cada región. Denunció la existencia de negociaciones bilaterales y abogó por un acuerdo común en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El representante de Murcia, Luis Alberto Marín, señaló injusticias en el tratamiento de la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana en el sistema actual. Criticó una “propuesta exprés” del Gobierno central que responde a tensiones políticas con Cataluña y cuestionó la credibilidad del Gobierno actual en materia de reformas sistémicas. Destacó el impacto de la regla de ordinalidad y pidió un enfoque multilateral.
Desde Galicia, Miguel Corgos subrayó la importancia de trasponer las reglas de gasto europeas en la legislación nacional para ofrecer claridad a las comunidades autónomas y garantizar la calidad de los servicios públicos. Advirtió sobre la implementación de la regla de gasto sin un adecuado debate previo y enfatizó la necesidad de normas claras.
