El concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia y edil de Vox, Juanma Badenas, ha justificado su entrada en la sede del Sindicato de Estudiantes asegurando que actuó en el ejercicio de sus funciones para comprobar el estado de un inmueble de titularidad municipal. Sus explicaciones llegan después de que el sindicato anunciara acciones judiciales y reclamara su cese por considerar que accedió de forma ilegal al local. Mientras tanto, la alcaldesa María José Catalá ha solicitado un informe jurídico para esclarecer lo ocurrido.
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Badenas asegura que actuó para comprobar el estado del inmueble
Juanma Badenas ha defendido públicamente su actuación tras la polémica generada por su entrada en la sede del Sindicato de Estudiantes de Valencia.
El concejal ha explicado que recibió un informe de la Policía Local en el que se indicaba que el inmueble llevaba varios días cerrado, circunstancia que, según afirmó, motivó la inspección.
“Es de sentido común comprobar los bienes del patrimonio municipal”, ha señalado en un vídeo difundido a través de sus redes sociales.
Afirma que el local es un bien municipal cedido para uso público
El edil de Patrimonio sostiene que el inmueble no está alquilado a ninguna entidad, sino que se trata de un espacio de propiedad municipal cedido para un uso público.
Según Badenas, desde hace meses está revisando diferentes inmuebles municipales para comprobar su estado de conservación y verificar que se utilizan conforme a la finalidad para la que fueron concedidos.
Además, asegura que siempre accede utilizando las llaves que obran en poder del Ayuntamiento.
El Sindicato de Estudiantes anuncia una querella
La versión del Sindicato de Estudiantes es muy distinta.
La organización denunció que el pasado viernes encontró la cerradura del local forzada y que, tras revisar las cámaras de seguridad, comprobó que Badenas había accedido al interior acompañado de otras dos personas.
Según el sindicato, permanecieron dentro del inmueble grabando imágenes y recorriendo las instalaciones.
La entidad, junto a representantes de la FAMPA, Compromís y el PSPV, anunció la presentación de una querella criminal y reclamó el cese inmediato del concejal.
Catalá pide un informe jurídico
Ante la controversia, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha solicitado un informe jurídico para conocer exactamente qué ocurrió y determinar qué motivó el acceso del concejal al inmueble.
El objetivo del informe será aclarar si la actuación se ajustó a la legalidad y qué competencias corresponden al área de Patrimonio en este tipo de inspecciones.
Badenas defiende la revisión de inmuebles municipales
El concejal sostiene que la revisión de locales municipales forma parte de sus responsabilidades.
Según explica, durante estas inspecciones han detectado en ocasiones inmuebles utilizados para fines distintos a los autorizados o edificios en mal estado que podrían representar un riesgo para las personas.
Por ello, considera que estas actuaciones responden a la obligación de velar por la correcta utilización y conservación del patrimonio público.
La polémica continúa abierta
Mientras el Sindicato de Estudiantes mantiene su intención de acudir a los tribunales y exige responsabilidades políticas, el Ayuntamiento de Valencia espera el resultado del informe jurídico solicitado por la alcaldía.
La resolución de ese informe será determinante para esclarecer si la entrada en el inmueble se realizó dentro de las competencias municipales o si, por el contrario, puede derivar en nuevas actuaciones legales o administrativas.
