La defensa de la esposa de Pedro Sánchez pretende argumentar que en España no existe un estatuto específico que regule las incompatibilidades profesionales de la pareja del jefe del Ejecutivo. La causa que se encamina a juicio queda centrada en los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, mientras la Fiscalía sostiene que debe ser absuelta.

La situación jurídica de Begoña Gómez afronta una nueva etapa con la preparación de su defensa de cara al eventual juicio ante un jurado popular. Uno de los argumentos que pretende poner sobre la mesa su nuevo abogado, Jaime Campaner, es la ausencia en España de una regulación específica sobre la figura del cónyuge del presidente del Gobierno.

La estrategia parte de una cuestión que la defensa ya había planteado anteriormente: Begoña Gómez no ostenta ningún cargo público por estar casada con Pedro Sánchez, no es funcionaria por esta circunstancia y tampoco existe un denominado estatuto de la «primera dama» que establezca expresamente incompatibilidades profesionales para la pareja del jefe del Ejecutivo.

Una cuestión distinta a la responsabilidad penal

La inexistencia de ese régimen específico de incompatibilidades, sin embargo, no supone por sí misma que un particular quede al margen de las responsabilidades previstas en el Código Penal.

Precisamente uno de los aspectos centrales del procedimiento será determinar si determinadas actuaciones atribuidas a Gómez pueden constituir tráfico de influencias y si el empleo de recursos públicos relacionado con su asistente en Moncloa puede encajar en un supuesto de malversación.

La Audiencia Provincial de Madrid ha permitido que la causa continúe por estos delitos y ha considerado jurídicamente posible analizar si la relación matrimonial con el presidente pudo tener relevancia en las actuaciones investigadas.

En una de sus resoluciones, la Audiencia sostuvo que la relación de parentesco con la máxima autoridad del Gobierno puede, en determinados contextos y circunstancias, llegar a generar una presión moral relevante para analizar la posible existencia de tráfico de influencias.

Eso no equivale a declarar culpable a Gómez. Será el proceso judicial el que deba determinar si los hechos reúnen finalmente todos los requisitos exigidos por el Código Penal.

La defensa insiste en su condición de particular

La estrategia de Campaner buscará previsiblemente subrayar que Gómez desarrollaba actividades profesionales propias y que ninguna ley española prohíbe expresamente al cónyuge de un presidente del Gobierno trabajar en empresas, universidades o proyectos privados.

Las leyes que establecen incompatibilidades para ministros, secretarios de Estado y otros altos cargos de la Administración se aplican a quienes desempeñan esos puestos, pero no convierten automáticamente a sus cónyuges en altos cargos.

La defensa pretende utilizar esa ausencia de regulación para combatir la interpretación según la cual determinadas actividades profesionales de Gómez resultarían incompatibles por su condición de esposa del presidente.

El argumento no es nuevo

La cuestión del denominado «vacío legal» ya había aparecido durante la instrucción.

La anterior defensa sostuvo que no existe en el ordenamiento español un estatuto específico del cónyuge del presidente del Gobierno y cuestionó que pudieran imponerse a Gómez obligaciones o incompatibilidades que la legislación no establece expresamente.

Ahora ese razonamiento puede adquirir mayor importancia ante la posibilidad de que el procedimiento termine ante un jurado popular.

Tráfico de influencias y malversación

La situación procesal también obliga a distinguir entre las diferentes acusaciones que han aparecido desde que comenzó la investigación.

Tras las sucesivas resoluciones judiciales, la causa encaminada al juicio con jurado queda centrada fundamentalmente en los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.

Entre las cuestiones investigadas se encuentra la actividad desarrollada alrededor de la cátedra que Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid y la intervención de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, en determinadas gestiones relacionadas con actividades de carácter privado.

La acusación sostiene que Gómez habría aprovechado su proximidad al presidente para favorecer determinados intereses profesionales. Su defensa rechaza esta interpretación y mantiene que no existe una conducta penalmente relevante.

La Fiscalía pide su absolución

El procedimiento presenta además una circunstancia especialmente significativa: la Fiscalía mantiene una posición contraria a las acusaciones y sostiene que Begoña Gómez debe ser absuelta.

Las acusaciones populares, por el contrario, consideran que existen elementos suficientes para llevar los hechos ante un tribunal.

Será por tanto el juicio, si finalmente se celebra en los términos actualmente previstos, el que determine si las actuaciones investigadas constituyeron delitos o quedaron dentro de la actividad profesional permitida a cualquier ciudadano.

El debate jurídico no consiste simplemente en determinar si existe o no un estatuto para el cónyuge del presidente. La cuestión decisiva será establecer si las conductas concretas atribuidas a Begoña Gómez cumplen los elementos que exige el Código Penal para considerar cometido un delito, independientemente de que ostentase o no un cargo público.
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He evitado presentar como hechos probados expresiones como «mercadeo de intereses», «lucrarse», «salvoconducto de impunidad» o «aberración jurídica», porque son valoraciones del texto original y no conclusiones judiciales. Así la noticia puede ser contundente sobre la estrategia de defensa sin atribuir culpabilidad antes del juicio.