El Ayuntamiento se enfrenta a una compensación de más de 283 millones de euros por los aprovechamientos urbanísticos de suelo protegido
El Ayuntamiento de Benidorm no descarta recurrir a otras administraciones, incluido el Gobierno de España o la Unión Europea, si finalmente debe hacer frente al pago de más de 283 millones de euros más intereses por los terrenos incluidos en el parque natural de Serra Gelada.
Así lo ha expresado el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, al ser preguntado por la sentencia que condena al consistorio a indemnizar a los propietarios del sector APR-7 por la pérdida de aprovechamientos urbanísticos tras la protección ambiental del enclave.
“Si hay que llamar a cualquier puerta, llamaremos”, ha señalado el primer edil, que ha apuntado expresamente a la administración estatal e incluso a Europa, al tratarse de un espacio natural protegido de interés general.
Un pago que podría superar los 350 millones con intereses
Según han concretado los propietarios del suelo en un escrito presentado ante el juzgado, la cuantía total de la compensación podría superar los 352 millones de euros, una cifra que incluye los intereses acumulados sobre los 283 millones fijados inicialmente.
Ante esta situación, el alcalde ha confirmado que el Ayuntamiento ya ha sido informado de la petición de ejecución forzosa de la sentencia, lo que ha llevado a convocar de forma inmediata una junta de portavoces para trasladar la situación a todos los grupos municipales.
Análisis técnico antes de tomar decisiones
Pérez ha subrayado que, antes de adoptar cualquier decisión, serán los servicios jurídicos y económicos municipales quienes expongan a la corporación las distintas opciones disponibles para afrontar el fallo judicial.
“El camino a seguir lo marcarán los técnicos”, ha insistido el alcalde, defendiendo que el proceso se abordará con “rigor, criterio técnico y transparencia absoluta”, como —según ha recordado— viene haciendo el consistorio desde 2015.
“Proteger el medio ambiente tiene un coste”
El alcalde ha defendido que la protección de Serra Gelada, hoy uno de los parques naturales más visitados de la Comunitat Valenciana, ha beneficiado al conjunto de la ciudadanía, pero también ha recordado que esa decisión tiene consecuencias económicas.
“Cuando una administración decide proteger una sierra para que las generaciones presentes y futuras puedan disfrutarla, eso tiene un precio que debe pagar la administración”, ha afirmado, añadiendo que ahora es un tribunal de justicia quien ha fijado esa compensación.
Un proceso judicial de casi una década
La reclamación de los propietarios se remonta a 2017, cuando solicitaron una indemnización multimillonaria al considerar vulnerados sus derechos urbanísticos. Desde entonces, el Ayuntamiento ha defendido el interés general y la protección del entorno natural, hasta llegar al actual escenario judicial.
“Ahora estamos en el final del proceso y toca resolverlo”, ha concluido Toni Pérez, insistiendo en que el suelo por el que se reclama la compensación lleva más de 21 años siendo disfrutado por toda la ciudadanía como parque natural.
