**Benidorm recurrirá ante el Tribunal Constitucional la condena de 283 millones por terrenos en Serra Gelada**
El Ayuntamiento de Benidorm, en Alicante, ha anunciado que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Esta acción es en respuesta al auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que, en junio, rechazó el incidente de nulidad presentado por el consistorio contra la sentencia que obliga a la administración local a pagar 283 millones de euros, más intereses, a las empresas Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL. El pago se debe a los aprovechamientos urbanísticos en el sector APR-7 del Parque Natural de Serra Gelada.
El consistorio ha comunicado esta decisión, fundamentándola en “el criterio de los técnicos”. Durante una junta de portavoces, convocada por el alcalde de la ciudad, Toni Pérez, se revisaron los últimos informes de los servicios jurídicos, tanto municipales como externos, sobre las acciones legales necesarias para proteger “el interés general”.
El alcalde Pérez destacó que la estrategia del Ayuntamiento “es la que han marcado los técnicos”, en referencia a los convenios en disputa firmados con las mercantiles. Afirmó que la postura “no ha cambiado en absoluto”.
“El Ayuntamiento de Benidorm no tenía otra opción para defender el interés general que seguir el camino señalado bajo criterio técnico, y así se ha manifestado en sentencias judiciales de manera reiterada”, afirmó Pérez, añadiendo que las decisiones de primera instancia “respaldan” la postura del consistorio.
Existen varias causas legales en curso relacionadas con este asunto. Una, sobre la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento en referencia a los terrenos, según convenios firmados en 2003 y 2004 y renovados en 2010 y 2013, a la cual hace mención el último auto del TSJCV. La otra, sobre la revisión de oficio y posible nulidad de estos convenios, “una línea que continúa abierta con cinco causas en los tribunales”. De estas, “dos ya resueltas” en primera instancia han favorecido a la administración local y declarado que “los convenios serían nulos de pleno derecho”, aunque están recurridas. Las otras tres causas aún no tienen resolución.
