La comparación entre los tres países exige distinguir las actuaciones policiales de las reformas legislativas. En Valencia se han producido arrestos, cierres de canales y un refuerzo de seguridad; Italia ha incorporado un nuevo delito de violencia organizada en manifestaciones.

Redacción Valencia Noticias

Valencia, 31 de octubre de 2026.— España sí ha adoptado actuaciones policiales y penales frente a los llamamientos a saqueos difundidos bajo el nombre Blocus. Las detenciones y el cierre de canales de mensajería impiden describir la respuesta como una ausencia total de medidas legales. Otra cuestión diferente es si se ha aprobado una reforma legislativa específica, como la introducida recientemente en Italia.

La comparación europea reúne respuestas de distinta naturaleza. Francia ha anunciado un dispositivo nacional de 70.000 policías y gendarmes para este sábado y restricciones frente a determinadas concentraciones. Italia ha incorporado al Código Penal un delito de violencia organizada en manifestaciones públicas. En España, las actuaciones comunicadas se apoyan en las figuras penales que las fuerzas de seguridad atribuyen provisionalmente a los investigados.

Valencia concentra parte de esas investigaciones y ha preparado, además, un dispositivo preventivo para Halloween. El Ayuntamiento ha anunciado que duplicará el refuerzo extraordinario de Policía Local y ha recomendado evitar el centro durante la tarde.

España sí ha actuado contra los canales investigados

El Ministerio del Interior confirmó el 29 de octubre la detención en Valencia de un menor de 17 años como presunto creador de los canales «Blocus Vlc».

La Policía le atribuye llamamientos para organizar saqueos, instrucciones a otros participantes y promoción de los grupos en redes sociales. Los dos canales fueron cerrados y uno había superado los 400 usuarios. Las atribuciones policiales incluyen conspiración para desórdenes públicos, conspiración para delitos contra el patrimonio y pertenencia a grupo organizado. interior.gob.es

Estas actuaciones no equivalen a condenas, pero sí muestran que existe una respuesta penal.

Por tanto, afirmar que España “no ha tomado medidas legales” resulta impreciso si se utiliza para negar las investigaciones, los arrestos o las actuaciones sobre los canales.

La afirmación solo podría plantearse de forma más limitada: no identificar una reforma nueva y específica no significa que no se esté aplicando la legislación vigente.

Picanya incorpora otra investigación distinta

Interior comunicó el 30 de octubre otro arresto en Picanya, donde la Guardia Civil detuvo al presunto fundador e impulsor de Blocus en España.

Según la información oficial, se le atribuye la creación y administración de grupos de Telegram relacionados con convocatorias para actos violentos y saqueos. La investigación se vincula con los disturbios del 24 de octubre en Barcelona. interior.gob.es

La descripción de su papel procede de los investigadores y debe conservar su carácter provisional.

Tampoco permite dar por demostrada una estructura idéntica detrás de todos los perfiles que utilizan la denominación Blocus. La extensión y las conexiones entre canales forman parte de lo que debe esclarecerse.

Valencia prepara un dispositivo preventivo

La respuesta local no se limita a las detenciones.

El Ayuntamiento ha anunciado que duplicará los efectivos extraordinarios de Policía Local previstos para Halloween, a los que se añadirá el turno ordinario. También ha comunicado la retirada preventiva de contenedores y mobiliario urbano a petición de Policía Nacional.

La alcaldesa ha recomendado evitar el centro el sábado por la tarde y ha pedido no acudir para intentar ayudar presencialmente a los agentes.

Estas medidas son preventivas. No constituyen una nueva ley penal ni una condena contra los investigados.

La distinción ayuda a ordenar el debate: investigar delitos, desplegar agentes, restringir una concentración concreta y modificar el Código Penal son decisiones diferentes.

Francia confirma 70.000 agentes para el 31 de octubre

El Ministerio del Interior francés ha anunciado 70.000 policías y gendarmes para la jornada del sábado 31 de octubre.

El dispositivo incluye controles preventivos en desplazamientos y protección de centros urbanos y comerciales. La comunicación oficial también contempla la prohibición de concentraciones nocturnas asociadas a llamamientos explícitos a la violencia.

Al mismo tiempo, distingue esas convocatorias de las manifestaciones autorizadas, que deben ser protegidas y encuadradas. Ministère de l’Intérieur

La cifra corresponde al despliegue nacional francés. No puede compararse directamente con un refuerzo municipal de Valencia como si ambos datos abarcaran el mismo territorio o las mismas funciones.

La fuente consultada tampoco acredita un toque de queda general para toda Francia. Las eventuales restricciones locales deben identificarse por su autoridad, ámbito, horario y fundamento.

Italia sí ha introducido un nuevo delito

Italia ha dado un paso legislativo concreto mediante el Decreto-ley 190, de 22 de octubre de 2026, en vigor desde el día 23.

El texto incorpora el artículo 420-bis, relativo a la violencia organizada en manifestaciones públicas. Su modalidad básica contempla grupos organizados de al menos cinco personas y determinadas conductas con objetos ofensivos o artificios peligrosos, que generen peligro concreto para las personas y daños materiales.

Las penas previstas son de dos a cinco años de prisión y multa de 10.000 a 20.000 euros. Normattiva

No basta, por tanto, con que cinco personas se reúnan o participen en una manifestación. La norma describe requisitos de organización, conducta, peligro y daños.

La reforma también diferencia el papel de quienes participan del de quienes organizan, promueven o instigan las conductas, incluso por medios digitales. Para estos últimos establece penas de cuatro a doce años.

Una reforma no demuestra por sí sola su eficacia

El endurecimiento italiano es un cambio normativo verificable. Su existencia no permite concluir todavía que vaya a evitar todos los incidentes o que su aplicación sea equivalente a la de otros países.

Para valorar resultados sería necesario observar investigaciones, decisiones judiciales y evolución de los hechos.

La misma cautela se aplica a los dispositivos policiales: anunciar más agentes describe recursos movilizados, no un resultado que pueda darse por conseguido antes de la jornada.

También deben separarse las decisiones generales de seguridad de la responsabilidad individual de cada investigado. Utilizar una etiqueta común no sustituye la prueba de su participación.

El debate real: suficiencia de la respuesta, no ausencia de ella

La información oficial permite formular una comparación más precisa.

España está investigando y deteniendo a presuntos promotores de saqueos. Francia combina un amplio despliegue nacional con decisiones sobre concentraciones concretas. Italia ha añadido una figura penal que castiga determinadas formas de violencia organizada.

Puede debatirse si las herramientas españolas son suficientes o si necesitan cambios. Lo que no encaja con los hechos comunicados es afirmar que no existe ninguna actuación legal.

En Valencia, el resultado conocido incluye investigaciones penales, canales cerrados y medidas preventivas. El alcance de las responsabilidades y la eficacia del operativo deberán evaluarse a partir de hechos acreditados, no de la intensidad de un titular.