El director del Departamento Antiterrorismo del servicio de inteligencia local admitió que la amenaza de atentados y la falta de experiencia de la sociedad brasileña en temas de terrorismo son los principales desafíos
Representantes de las fuerzas de seguridad brasileñas manifestaron hoy su preocupación por los posibles atentados terroristas que puedan ser cometidos por los llamados “lobos solitarios” durante los Juegos Olímpicos de agosto próximo en Río de Janeiro, informaron hoy fuentes oficiales.
De acuerdo con el director del Departamento Antiterrorismo de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), Luiz Sallaberry, la posible actuación de “personas radicalizadas” y la falta de experiencia de la sociedad brasileña en temas de terrorismo son dos de los principales desafíos de cara a montar un esquema de seguridad para los Juegos de Río.
“Por estos motivos existe hoy un nivel de amenaza un poco mayor para los Juegos Olímpicos. Tenemos personas radicalizadas en territorio brasileño, que son nacionales y se identifican con ese tipo de organización”, señaló Sallaberry, en referencia a los grupos terroristas islámicos, en declaraciones recogidas por la estatalAgencia Brasil.
El funcionario también reconoció el riesgo de que terroristas de otros países puedan entrar en Brasil de manera “legal o ilegal” amparados por la llegada de miles de extranjeros al país para asistir al evento deportivo.
Sallaberry, junto a otros representantes de las fuerzas de seguridad brasileñas, participó hoy en Brasilia en una de las conferencias que están ofreciendo las autoridades con el fin de alertar a las fuerzas de seguridad y representantes de la sociedad sobre posibles amenazas relacionadas con acciones terroristas.
“Queremos sensibilizar para que la gente tome de inmediato una actitud determinada ante una amenaza”, dijo por su parte el general Mauro Sinott Lopes, responsable del Grupo de Combate al Terrorismo de las Fuerzas Armadas, también presente en la conferencia.
A finales de febrero, la Cámara baja de Brasil aprobó una ley que tipifica el terrorismo como crimen y que prevé penas entre doce y treinta años de prisión para quien ponga en peligro “a personas, patrimonio o la paz pública” con la finalidad de “provocar terror social”.
