Bravo destaca que la nueva ley de Función Pública modernizará la Administración para que actúe como ‘motor’ de la recuperación económica

– La consellera subraya que se termina con la “anomalía” que era que la Valenciana fuera “la única comunidad bilingüe que no tenía regulada la exigencia de capacitación lingüística” de sus plantillas públicas


La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha destacado que la nueva Ley de la Función Pública valenciana es “el instrumento normativo que nos permitirá modernizar y transformar la Administración autonómica porque, si los servicios públicos han sido una pieza clave durante la gestión de la pandemia, ahora han de ser el motor más esencial para la recuperación económica”.

Bravo ha hecho estas valoraciones tras la aprobación, este jueves, de la nueva Ley de la Función Pública valenciana en el pleno de Les Corts, donde ha recordado que el texto “no es una norma que mire única y exclusivamente al empleado público, sino que mira a toda la ciudadanía” y en especial “al sector económico y productivo, tan importante para la recuperación” tras los estragos causados por la pandemia de la COVID-19.

“No es una ley sólo para funcionarios y funcionarias ?ha recalcado Gabriela Bravo? sino una norma que va a permitir la transformación de la administración de forma que los servicios públicos estén gestionados por personal capacitado que impulse la recuperación económica”. Una regulación, además, que permite mayor flexibilidad en los procesos de selección de personal “y que atraerá al talento joven”.

La consellera, además, ha recordado que esta ley está “elaborada desde la perspectiva de género” y, por tanto, “avanza en derechos para las mujeres con medidas de acción positiva para garantizar la conciliación y que las trabajadoras puedan ejercer sus cargos y funciones sin ningún tipo de discriminación” Además, prevé elementos de protección para las víctimas de violencia de género.

Por otra parte, Gabriela Bravo ha resaltado que con el nuevo texto normativo “acabamos con la anomalía” que suponía que la Valenciana “fuera la única comunidad bilingüe que no tenía regulada la exigencia de capacitación lingüística” de sus plantillas públicas. “Por primera vez en 40 años, los valencianos y valencianas podrán dirigirse a la Administración en la lengua que deseen y nos equiparamos al resto de España”.