El encendido de las cámaras destinadas a vigilar el cumplimiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Valencia, programado para el 1 de diciembre, no ha tenido el efecto esperado. La falta de aprobación de la ordenanza por parte del pleno del Ayuntamiento ha provocado que las más de 270 cámaras instaladas en la ciudad no puedan sancionar a los infractores. La situación no parece que vaya a cambiar pronto, ya que los grupos municipales no han llegado a un acuerdo. Durante la sesión plenaria extraordinaria de hoy, el consenso volvió a ser esquivo, al igual que en las reuniones de noviembre y octubre, esta última marcada por el cambio de postura de Vox tras votar favorablemente en cinco oportunidades anteriores.
A pesar de que los equipos de videovigilancia y sus sistemas informáticos están operativos, no han registrado sanciones a vehículos con etiqueta A que provengan de fuera de la provincia de Valencia. Esto se debe a que, aunque se siguió la hoja de ruta acordada con la UTE adjudicataria, la Junta de Gobierno Local ratificó su implementación el pasado viernes, pese a la ausencia de una base legal definitiva.
El objetivo de estas cámaras es monitorizar el tránsito de vehículos en los puntos de control, identificar sus etiquetas, tipología y lugar de registro, para elaborar estudios estadísticos que ayuden a identificar patrones de movilidad y evaluar la evolución del parque móvil. También buscan analizar los efectos de políticas de fomento de la movilidad sostenible, como el aumento de la oferta en transporte público, la implementación de nuevos carriles bici y la promoción de la accesibilidad peatonal.
El servicio de Movilidad ha coordinado la ejecución del contrato en el marco de la Estrategia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de Next Generation EU, para que esté operativo desde este 1 de diciembre, conforme al calendario previsto en la Ordenanza aprobada provisionalmente en febrero.
El sistema incluye la instalación de equipos en las calles para controlar los vehículos de la ZBE y medir los niveles de contaminación y emisiones de gases de efecto invernadero. Esto consiste en puntos de control de vehículos con cámaras de lectura automática de matrículas, sensores de medición ambiental, y paneles de información variable. Además, abarca la ampliación de las redes eléctricas y de telecomunicaciones necesarias para alimentar estos equipos y conectarlos con la red municipal. Se ha suministrado el hardware y software para gestionar y controlar el sistema desde el Centro de Gestión del Tráfico del Ayuntamiento, entre otros lugares.
Finalmente, se prevé el desarrollo de un sistema avanzado para el control de la calidad del aire, vinculado a la gestión de la ZBE, que permita entender la relación entre los patrones de movilidad y la calidad del aire, así como garantizar la operatividad y gestión eficaz de la ZBE.
