Valencia, 5 de mayo. La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha exigido al Gobierno de España que desarrolle una política migratoria efectiva. Ha denunciado que el Ejecutivo central pretende imponer un reparto de menores migrantes no acompañados sin criterios claros, planificación, financiación adecuada ni negociación con las comunidades autónomas.
Durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en Madrid, Camarero expresó su solidaridad con Canarias debido a la crisis migratoria que sufre desde el otoño de 2023. Criticó al gobierno de Pedro Sánchez por trasladar responsabilidades a las comunidades autónomas sin una política migratoria concreta y acusó al presidente de actuar solo para obtener el apoyo de los independentistas catalanes, comprometiendo la dignidad de los menores.
La vicepresidenta lamentó que se hubiera convocado una reunión sin facilitar información previa ni permitir la participación en el orden del día de las autonomías. Consideró ilegal y apremiante el encuentro, dada la persistencia del problema migratorio y lo calificó de irresponsable, ya que el reparto masivo propuesto puede colapsar el sistema de acogida.
Camarero anunció que la Generalitat presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto. Resaltó que la Comunitat Valenciana experimentó un aumento del 66% en las plazas de acogida en 2024, y aún así enfrenta una sobreocupación del 160%. Además, aseguró que los centros ofrecen atención integral pero a un coste significativo, y cuestionó si el Gobierno proporcionará los fondos necesarios para cubrir estos gastos.
Denunció la infrafinanciación que padecen, especialmente tras afrontar la peor tragedia natural de la historia de España. También alertó sobre la falta de infraestructuras adecuadas para el reparto de menores, destacando que los centros valencianos ofrecen atención de calidad y que no aceptarán modelos de hacinamiento.
Camarero criticó la falta de política de emancipación para los menores al cumplir 18 años, asegurando que la Comunitat Valenciana ofrece recursos para su integración social. Reiteró que el Gobierno no puede seguir incumpliendo su responsabilidad y criticó el reparto propuesto por falta de solidaridad y sentido común.
En referencia al fallo del Tribunal Supremo que ordenó al Gobierno hacerse cargo de mil menores solicitantes de asilo en Canarias, cuestionó la capacidad del Ejecutivo para gestionar tales situaciones. Finalmente, denunció el autoritarismo del Gobierno y la falta de diálogo y consenso con las comunidades autónomas, concluyendo que un sistema de acogida deficiente es racista al no atender adecuadamente a los menores en los centros.
