La consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, reveló el lunes que el Consell de la Generalitat ya había abordado la cuestión de la dana en su reunión matutina del 29 de octubre de 2024, destacando la necesidad de que todos los sectores, incluidos miembros de su propio partido, aprendan de la gestión de la catástrofe.
Camarero subrayó que su consejería empezó a trabajar desde temprano, atendiendo llamadas de teleasistencia. A pesar de no pertenecer al Cecopi ni tener competencia en Emergencias, se unió al organismo para mantenerse informada. Durante su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la riada que dejó 229 víctimas en Valencia, fue cuestionada sobre la alerta roja discutida en el Consell. Evitó detalles por el carácter secreto de las deliberaciones, pero reconoció que se mencionó la situación de dana.
La vicepresidenta admitió que nadie en el gobierno valenciano puede afirmar haber actuado de manera impecable, enfatizando la necesidad de responsabilidad compartida. Además, señaló la implicación de los ministerios de Interior y Defensa, mencionando la activación de la UME en diversas zonas, y criticó la tardanza en el despliegue masivo de efectivos militares.
Camarero acusó a Margarita Robles, ministra de Defensa, y Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, de no actuar a la altura, cuestionando la necesidad de solicitar ayuda gubernamental en situaciones de emergencia como esta. Abogó por un marco común en las comunidades autónomas para la gestión de alertas.
La consellera también relató que se conectó al Cecopi entre las 17:02 y las 17:40, y que asistió a la reunión por interés propio, al no haber sido expresamente convocada. Tras esto, asistió a una entrega de premios, donde permaneció en contacto con su equipo. Además, confesó que, con el conocimiento actual, hubiera evitado asistir al evento y que intentó cancelarlo infructuosamente.
Pese a su breve participación en el Cecopi, insistió en que no se esperaba su presencia y que su papel allí era limitado. Destacó que la dirección de las decisiones operativas correspondía a la consellera de Emergencias, Salomé Pradas, y a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quienes estaban jerárquicamente más capacitadas.
Camarero aseguró que todas las recomendaciones pertinentes se comunicaron a las residencias y centros de día en relación con la catástrofe, y que se atendieron todas las llamadas posibles a través del servicio de teleasistencia, derivando los casos al 112 o a la Policía Local cuando era necesario. Lamentó la pérdida de 37 personas conectadas al servicio, pero defendió el desempeño correcto del mismo, subrayando su carácter no operativo en emergencias.
La consellera sugirió que el Ayuntamiento de Picanya era responsable de alertar a las viviendas cercanas al Barranco del Poyo, en el contexto de la riada. Finalmente, negó que el gobierno haya recortado en políticas de emergencias o que tales decisiones estuvieran relacionadas con el apoyo a otras actividades, criticando lo que consideró como intentos de manipular la realidad de forma tendenciosa.
