La entidad cívica Cercle Obert de Benicalap exige en un comunicado que ha hecho público recientemente tanto al nuevo Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy como a los demás grupos parlamentarios una reforma urgente del Código Penal, “a fin de que los políticos negligentes y que derrochen el dinero público, puedan y deban ser procesados y deban responder con sus bienes presentes y futuros“, aclara el colectivo valenciano.
La reciente propuesta de Dª María Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo, de que se estudie en el Ministerio de Justicia la posibilidad de incluir el despilfarro público como delito tipificado en el Código Penal ha movido a la entidad cívica valenciana a apoyar públicamente esta iniciativa y abundar en dicha petición aportando todo su esfuerzo en ello, al entender que las prácticas sufridas en la Comunidad Valenciana en los últimos tiempos de parte de los políticos en general han sido presididas por la total y completa impunidad con la connivencia de la Justicia, que no ha puesto los medios, según su parecer, suficientes para impedir el despilfarro y el uso negligente de los fondos públicos. Así se expresa en su argumentación Cercle Obert de Benicalap:
“Nuestra entidad Cercle Obert de Benicalap, considera urgente y positivo apoyar la propuesta de laDefensora del Pueblo, que ha remitido una petición al Ministerio de Justicia, a fin de que valore y estudie la inclusión del despilfarro público como delito en el Código Penal.” (…) “hay un clamor popular por los innumerables casos de negligencia, malversación y derroche en la gestión de los fondos públicos, tal y como comprobamos a través de los medios de comunicación.” (…)
“(…) parece lógico y necesario es que, en los casos probados de negligencia en la gestión por parte de un responsable político, más allá del castigo del voto, tiene que existir una responsabilidad legal.”
Así, la propuesta de Cercle Obert de Benicalap en este sentido se articula en cuatro puntos básicos:
- Reformar la formulación del delito de malversación de fondos públicos para que pueda tipificar conductas que no incluyan el ánimo de lucro.
- Que existan leyes de estabilidad presupuestaria en cascada. Es decir, una ley presupuestaria para España, respaldada por la Constitución que fije un límite de gasto. De ahí deben emanar las leyes autonómicas, y a partir de ahí, las de la consejería de educación, del ayuntamiento, etc.
De esa forma se establece un tope que debe ser respetado y optimizado dentro de una gestión responsable. También se plantea que el presupuesto se desglose por capítulos de gasto que igualmente sean respetados para evitar que un gestor decida gastarse un porcentaje desproporcionado en partidas determinadas. - Impulsar la transparencia en la gestión y control del gasto público, de forma que sea auditable y opinable por cualquiera.
- Profesionalizar la gestión, de forma que nadie pueda ser gestor de fondos públicos sin la cualificación y/o experiencia necesaria para ello.
El secretario y portavoz de Cercle Obert de Benicalap y firmante del comunicado, Antonio Martín Segovia, concluye el mismo con el firme deseo y esperanza en que “esta necesaria y urgente iniciativa, que parte de la ciudadanía, pueda y deba verse reflejada en la legislación, activándose por parte del Ministerio de Justicia, del Congreso de los Diputados, de Presidencia del Gobierno de España, del Defensor del Pueblo, Cortes Valencianas y del resto de instituciones públicas… los mecanismos y recursos administrativos y judiciales para aplicarla y ponerla en marcha por el nuevo gobierno“.
VLC Ciudad / Redacción / Cercle Obert de Benicalap
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