El Gobierno quiere situar esta semana en el centro del debate público una cuestión que preocupa cada vez a más familias: el impacto de las redes sociales en menores de edad. La propuesta es clara y contundente: prohibir el acceso a las plataformas digitales a los menores de 16 años.
La iniciativa ha sido anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Dubái, donde participa en la Cumbre Mundial de Gobiernos. Su objetivo, según explicó, es frenar lo que considera una deriva peligrosa de las redes: desinformación, manipulación, discursos de odio, violencia y acceso a contenidos inadecuados para menores.
El gran obstáculo: verificar la edad
El principal problema técnico es cómo hacerlo. La medida obligaría a las plataformas a implementar sistemas de verificación de edad, pero los expertos dudan de que exista una tecnología realmente eficaz.
El jurista y experto en derecho digital Borja Adsuara lo resume así:
“No existe hoy ningún sistema de verificación de edad que sea totalmente seguro y que no vulnere la privacidad”.
Es decir, la intención política choca con una realidad tecnológica aún inmadura.
Un pulso directo con las grandes plataformas
Sánchez ha cargado especialmente contra los propietarios de las grandes redes sociales, a las que acusa de actuar como “estados fallidos” con más poder que muchos gobiernos. En especial ha señalado a Elon Musk, propietario de X, tras varios cruces públicos por mensajes considerados desinformación.
El presidente defiende que las redes deben volver a ser espacios de convivencia y no “máquinas de amplificación del conflicto”.
Las cinco medidas que estudia el Gobierno
La propuesta no se limita solo a la prohibición. El Ejecutivo plantea un paquete de medidas más amplio:
- Responsabilidad legal de las plataformas por los delitos cometidos en ellas.
- Penalización de algoritmos que amplifiquen contenido ilegal.
- Creación de una “huella de odio y polarización” para sancionar dinámicas tóxicas.
- Mayor capacidad de investigación para la Fiscalía.
- Prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años.
Todo ello deberá pasar por el Congreso, donde el Gobierno no tiene mayoría garantizada.
Lo que dicen las familias y los expertos
La reacción social es desigual. Hay padres y madres que ven la prohibición como una tabla de salvación.
Mirene Beriain, pediatra y miembro del movimiento familiar Altxa Buru, lo tiene claro:
“Las familias solas no podemos. Es necesario que las instituciones se impliquen”.
Otros, como el psicólogo y divulgador Marc Masip, defienden que el cambio puede ser positivo:
“Sin redes, los adolescentes volverían a relacionarse de forma más auténtica”.
Pero también hay quien cree que prohibir no educa, y que el problema real no es la herramienta, sino el uso que se hace de ella.
¿Prohibir o enseñar?
España seguiría así el camino de países como Australia, que ya ha implantado restricciones similares, o Francia, donde se prohíben las redes a menores de 15 años.
El debate es profundo y no solo tecnológico, sino social y cultural:
- ¿Debe el Estado sustituir el papel de las familias?
- ¿Es realista controlar el acceso en la era digital?
- ¿Se protege más prohibiendo o formando?
Según una encuesta de UTECA, más del 90% de los ciudadanos apoyan al menos que las redes incluyan advertencias claras sobre riesgos de adicción y dependencia.
Lo que nadie discute ya es una cosa: las redes han dejado de ser un juego y se han convertido en uno de los grandes factores que moldean la salud mental, la conducta y las relaciones de toda una generación. La pregunta es si la respuesta debe ser cerrar la puerta… o enseñar a cruzarla con criterio.
