Más de 240 policías y guardias civiles participaron en un dispositivo marcado inicialmente por carreras y cargas; el Gobierno defiende la operación mientras PP, sindicatos policiales y Sumar cuestionan aspectos muy distintos de su gestión
La crisis migratoria de Ceuta ha vivido este viernes uno de sus operativos más complejos. Unas 1.700 personas que permanecían en los asentamientos de las playas de Benítez y El Trampolín han sido trasladadas al nuevo campamento temporal habilitado en el puerto, cuyas plazas han quedado ocupadas. La jornada comenzó con momentos de tensión, carreras y cargas policiales, aunque posteriormente el acceso pudo realizarse de forma escalonada. El Gobierno estima que todavía permanecen en Ceuta entre 9.000 y 10.000 migrantes y que entre 3.000 y 4.000 continúan sin una plaza en los recursos habilitados.
El operativo ha reabierto además un intenso enfrentamiento político. El Ejecutivo defiende la actuación y acusa al PP de irresponsabilidad; Alberto Núñez Feijóo habla de una situación «insostenible» y reclama retornos; sindicatos policiales denuncian falta de medios y planificación, mientras Sumar ha acusado a los agentes de «fabricar inseguridad» durante las cargas.
Más de 240 agentes para trasladar a los migrantes
El dispositivo comenzó a primera hora de la mañana.
Participaron alrededor de 170 agentes de la Policía Nacional y 70 efectivos de la Guardia Civil, fundamentalmente miembros de la UIP, GRS y unidades de Seguridad Ciudadana. El operativo contó también con técnicos y vigilancia mediante drones.
La misión era trasladar a los migrantes que permanecían instalados en las playas de Benítez y El Trampolín hasta las nuevas instalaciones provisionales levantadas en el Muelle de Poniente.
Pero existía un problema desde el principio: había más personas en los asentamientos que plazas disponibles en el campamento.
Carreras, tensión y cargas policiales
Durante las primeras horas se produjeron momentos de tensión cuando grupos de migrantes intentaron avanzar hacia el puerto y superar el dispositivo establecido para organizar el traslado.
Policía Nacional y Guardia Civil intervinieron para contener a la multitud y evitar una posible avalancha. Europa Press informó de cargas policiales durante esos primeros momentos.
Posteriormente, la situación quedó controlada y los migrantes permanecieron concentrados esperando su turno para acceder al recinto.
La entrada comenzó después de las 9:30 horas, en grupos reducidos y de manera escalonada. Cada persona fue identificada antes de acceder a las instalaciones.
Las 1.700 plazas quedan ocupadas
Alrededor de las 13:00 horas, el Gobierno dio por terminada la operación.
Las 1.700 plazas disponibles en el campamento del puerto quedaron ocupadas.
El Ejecutivo ha defendido que, pese a los incidentes iniciales, el traslado terminó desarrollándose correctamente.
El ministro Ángel Víctor Torres aseguró que las nuevas instalaciones permitirán identificar a las personas acogidas y tramitar los correspondientes procedimientos, incluidos los de devolución cuando legalmente procedan.
Entre 9.000 y 10.000 migrantes continúan en Ceuta
El problema está lejos de quedar resuelto con la apertura del nuevo campamento.
Las estimaciones gubernamentales sitúan actualmente entre 9.000 y 10.000 el número de migrantes que permanecen en Ceuta después de la entrada masiva registrada a finales de julio.
Con las nuevas incorporaciones al puerto, alrededor de 6.000 personas estarían ya alojadas en diferentes recursos, mientras que quedarían aproximadamente entre 3.000 y 4.000 sin plaza, repartidas entre calles, playas y otros puntos de la ciudad.
El Gobierno admite que tendrá que habilitar nuevas ubicaciones, aunque todavía no ha concretado dónde estarán.
La documentación aportada sitúa además en más de 70.000 personas la entrada masiva producida a finales de julio y cifra en 145 los fallecidos durante aquella crisis.
Feijóo reclama el retorno
La operación ha provocado un nuevo choque entre Gobierno y oposición.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado el traslado al puerto y considera que la solución pasa por el retorno de quienes no tengan derecho a permanecer en España.
Feijóo responsabilizó a Pedro Sánchez de lo que calificó como un «polvorín» en Ceuta y acusó al Ejecutivo de no garantizar adecuadamente el orden público.
En su intervención llegó a sostener que lo sucedido «no es inmigración» porque, según su argumento, las personas migrantes que llegan buscando trabajo no se enfrentan a la Policía. El Gobierno respondió calificando estas declaraciones de irresponsables.
Otros dirigentes del PP han utilizado términos todavía más duros. Miguel Tellado habló de «invasión», mientras el expresidente José María Aznar acusó al Gobierno de actuar contra los intereses españoles. Se trata de valoraciones políticas de estos dirigentes sobre la crisis.
El Gobierno defiende la descongestión de Ceuta
El Ejecutivo mantiene una interpretación completamente diferente.
El ministro Félix Bolaños ha defendido el esfuerzo realizado para gestionar una situación que calificó de «compleja» y ha acusado a determinados sectores políticos de utilizar el problema para alimentar discursos de confrontación.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, defendió que una de las prioridades debe ser descongestionar Ceuta mediante reubicaciones en la Península.
Luis Planas, ministro de Agricultura, reclamó por su parte mayor solidaridad y menos provocación política.
Los sindicatos policiales denuncian falta de medios
Las críticas no proceden únicamente de la oposición.
Los sindicatos Jupol, SUP y Jucil han acusado al Gobierno de poner en riesgo tanto a los agentes como a los propios migrantes al organizar el traslado, según ellos, con una plantilla insuficiente.
Las organizaciones reclaman más planificación, medios y seguridad y han advertido del riesgo de avalanchas y aplastamientos.
La Confederación Española de Policía llegó a reclamar el cese del jefe superior de Policía de Ceuta por lo que considera una falta grave de previsión.
La Audiencia Nacional había rechazado el día anterior paralizar cautelarmente el campamento, como había solicitado el SUP alegando dudas sobre las condiciones de seguridad.
Sumar acusa a la Policía de «fabricar inseguridad»
Desde el otro extremo del debate, Sumar ha criticado la actuación policial.
La formación acusó a los agentes de «fabricar inseguridad» durante las cargas y difundió imágenes de la intervención policial mientras se desarrollaba el traslado.
La jornada refleja así hasta qué punto la gestión de Ceuta ha abierto diferentes frentes simultáneos: Gobierno y oposición discrepan sobre la política migratoria; los sindicatos policiales cuestionan el dispositivo y Sumar critica precisamente la actuación de los agentes.
El problema de los menores
La crisis tiene además una dimensión especialmente delicada: los menores que llegaron solos.
Según EFE, aproximadamente 1.000 menores permanecían todavía en la calle sin identificar mes y medio después de la entrada masiva. Esta semana han comenzado a abrirse expedientes mediante un nuevo procedimiento para determinar su situación y estudiar, según cada caso, las opciones legalmente disponibles.
La tutela corresponde a Ceuta, mientras el Gobierno central ha aprobado financiación y diferentes mecanismos para facilitar posibles traslados a otras comunidades.
El campamento alivia la presión, pero no resuelve la crisis
La apertura del recinto del puerto permite retirar a 1.700 personas de los asentamientos y facilita su identificación y atención.
Pero las propias cifras oficiales muestran la dimensión del problema pendiente: entre 9.000 y 10.000 migrantes continuarían actualmente en Ceuta, unos 6.000 dispondrían ya de alojamiento y entre 3.000 y 4.000 seguirían sin plaza.
El Gobierno tendrá que habilitar nuevos espacios mientras avanzan los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes.
El traslado de este viernes supone, por tanto, un paso importante para descongestionar las playas de Benítez y El Trampolín, pero no el final de una crisis que continúa condicionando la vida diaria de Ceuta y que se ha convertido, además, en uno de los principales campos de confrontación política sobre inmigración, seguridad y capacidad de respuesta del Estado.
