Valencia Noticias | Ana Galarza.-La red valenciana de la trama Gürtel se sienta hoy en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El juicio por los contratos de la Generalitat con la trama Gürtel por el expositor valenciano en Fitur entre 2005 y 2009 comienza con trece procesados, entre ellos dos exconselleras durante el Gobierno de Camps y los supuestos cabecillas de la trama: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez.
La ex consellera de Turismo y ex Presidenta del Parlamento Valenciano, Milagrosa Martínez, ha comparecido hoy ante el TSJCV después de que el Partido Popular la suspendiera de militancia y funciones ayer. A su llegada al Tribunal, la todavía miembro del grupo municipal de Novelda -al rechazar su expulsión ayer lunes siete de 12 concejales- ha afirmado: “confío en la justicia”, según fuentes de El País. El empresario Pablo Crespo también ha asistido hoy.
La Fiscalía pide para ambos penas de once años de prisión al igual que para el jefe de gabinete de Milagrosa Martínez, Rafael Betoret. Para Francisco Correa y Álvaro Pérez “El Bigotes” solicita diez años de cárcel y para la ex concellera Angélica Such, nueve años de inhabilitación.
El procedimiento llega seis años después de que, al comenzar la operación Gürtel a manos del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, dos funcionarios de Justicia se personaran en la Conselleria de Turismo para buscar los contratos de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) con Orange Market -la filial valenciana de la trama- sobre Fitur.
Esta es una de las seis piezas separadas sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), que investiga el TSJCV desde que en mayo de 2011 asumiera la causa, y la primera sobre la que concluyó la instrucción.
Según la investigación, hay indicios de que Orange Market, se aprovechara de las relaciones personales de sus gestores con las máximas autoridades del Gobierno valenciano para lograr esas adjudicaciones, pese a que sus ofertas eran las más caras y no reunían las condiciones técnicas y económicas necesarias.
Las otras cinco piezas podrían ser juzgadas en la Audiencia Nacional pues el TSJCV considera que no es competente para hacerlo al no quedar aforados en ellas.
El juicio se desarrollará a lo largo de 37 sesiones y acabará el 8 de octubre.
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