Alicante, 5 de mayo – El comité de empresa de Automóviles La Alcoyana ha decidido convocar una huelga que coincidirá con la celebración de los plenos del Ayuntamiento de Alicante durante las fiestas de Hogueras de San Juan, además de una huelga indefinida a partir del 8 de septiembre. La medida se toma ante lo que califican como un “grave deterioro del servicio público de transporte gestionado” por la compañía, atribuible a la “inacción de las administraciones públicas y la responsabilidad directa de la concesionaria”.
El comité ha anunciado que planea llevar a cabo movilizaciones ante la Conselleria de Transportes y la Oficina de Coordinación del Transporte de Alicante (TAM), según un comunicado oficial. Los sindicatos argumentan que desde 2014 se han producido continuas prórrogas en el proceso de licitación, junto con un contrato de emergencia vigente desde agosto de 2024 hasta agosto de 2026. Este contrato es considerado insuficiente, al haber sido calculado muy por debajo de la demanda real, provocando un colapso progresivo del sistema.
Actualmente, el número de pasajeros ha superado en más de dos millones las previsiones del contrato CE-705 ‘Alacant Metropolità’, sin que se haya incrementado la flota ni el personal de conducción, lo que impide brindar un servicio con las mínimas condiciones de calidad, accesibilidad y seguridad, afectando directamente a los usuarios, explica el comité. Además, existe un “bloqueo institucional” que impide la adjudicación de un nuevo contrato, retrasando la necesaria renovación de una flota envejecida. Más del 70 por ciento de los vehículos supera los 12 años y muchos alcanzan los 18, comprometiendo la seguridad tanto de trabajadores como de usuarios.
El estado de las infraestructuras, especialmente las paradas, también es señalado como deficiente, incumpliendo con los estándares de accesibilidad y vulnerando los derechos de las personas con movilidad reducida.
El comité responsabiliza a la Conselleria de Transportes, los ayuntamientos integrados en el TAM y a Automóviles La Alcoyana por la “dejación de funciones y falta de planificación”. Critica a la empresa por no exigir ni implementar mejoras necesarias pese a conocer los riesgos y deficiencias del servicio.
Denuncia también lo que considera una campaña infundada de MIA Vectalia, el Ayuntamiento de Alicante y el comité de MIA, que acusa al transporte interurbano de operar de forma fraudulenta. Señalan que estas acusaciones buscan justificar una adjudicación que consideran temeraria y orientada a intereses particulares.
El comité sostiene que la mejor solución para esta situación es el rescate de la concesión y la gestión directa del servicio público de transporte. Consideran necesario crear un Ente Metropolitano de Transporte con capacidad técnica, jurídica y financiera para regular de manera efectiva el sistema, asegurar la coordinación del transporte público de pasajeros y eliminar la actual fragmentación y descontrol.
El comité de empresa mantendrá y ampliará las movilizaciones si no se adoptan medidas reales y eficaces que garanticen el derecho a un transporte público digno.
