Compromís celebra la rectificación del Gobierno al permitir el uso del superávit municipal, pero considera que la reforma es insuficiente
Compromís ha expresado su satisfacción tras la aprobación del decreto ley que finalmente autoriza a los ayuntamientos a destinar su superávit a inversiones financieramente sostenibles. Para la coalición, esta decisión supone “un paso en la dirección correcta” después de años de restricciones que han impedido a los consistorios utilizar los recursos generados gracias a su buena gestión.
La portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, en una rueda de prensa en Valencia junto a la portavoz en la Diputación de Valencia Dolors Gimeno, ha destacado que “los ayuntamientos son la administración más cercana a la ciudadanía y trabajan día a día en la vida cotidiana de las personas. Era esencial que los consistorios saneados pudieran invertir su superávit en proyectos que mejoren la vida en nuestros pueblos y ciudades”.
Micó subrayó que estas inversiones “no afectan al gasto corriente y permiten ejecutar proyectos necesarios que estaban detenidos por una normativa injusta”. La diputada recordó que Compromís lleva años reclamando esta flexibilidad y que la decisión del Gobierno “corrige una postura que había limitado la acción política de las administraciones públicas que no son la central”.
Por su parte, Dolors Gimeno explicó que Compromís defiende, en primer lugar, una reforma profunda de la Ley de estabilidad presupuestaria para que los ayuntamientos puedan utilizar libremente sus remanentes de tesorería, sin la obligación de destinarlos casi exclusivamente a amortizar deuda. “Si un ayuntamiento ha hecho los deberes y tiene superávit, debe poder destinarlo a reforzar servicios sociales, vivienda, transición ecológica o proyectos estratégicos para su municipio, y no quedar atrapado por una regla de gasto obsoleta”, afirmó Gimeno.
La portavoz también destacó la importancia de “más libertad, pero también más transparencia y rendición de cuentas”. Según detalló, esto implica establecer mecanismos estables para que el uso de los ahorros de los ayuntamientos siempre esté vinculado a planes públicos de inversión, priorizando servicios esenciales y con una clara fiscalización para que la ciudadanía sepa en qué se invierte. Según la portavoz, “así se garantiza que cada euro de superávit se traduzca en más cohesión social y mejor calidad de vida en nuestros municipios”.
Sin embargo, los valencianistas advierten que esta rectificación del Gobierno del Estado “es insuficiente” si no va acompañada de un cambio en la distribución de la capacidad de endeudamiento entre administraciones. Micó insistió en que “no tiene sentido que el Gobierno central retenga el 90% de la capacidad de endeudamiento cuando son las comunidades autónomas las que sostienen el estado del bienestar y gestionan los servicios públicos esenciales”.
Compromís defiende que la senda del déficit debe modificarse para permitir que las autonomías dispongan de la capacidad de endeudamiento necesaria. “Nuestra propuesta era que, en promedio, alrededor del 60% del endeudamiento correspondiera a las comunidades autónomas. En el caso de los territorios infrafinanciados, como el País Valenciano, reclamábamos que este porcentaje llegara al 90%. No podemos seguir aceptando un sistema que perpetúa desigualdades”, afirmó Micó.
La diputada valenciana reiteró que seguirá reclamando la reforma del sistema de financiación autonómica para garantizar la equidad y permitir a todas las comunidades atender adecuadamente sus competencias. “No vale que vuelvan a presentar el mismo decreto esta semana; si la ministra Montero y el Gobierno quieren nuestro apoyo, tendrán que cambiar la senda del déficit y aumentar la capacidad de endeudamiento disponible para las autonomías”, concluyó Micó.
