Compromís evalúa la gestión de dos años del gobierno de Carlos Mazón al frente de la Generalitat, al que considera como “el peor gobierno en la historia de nuestra autonomía”, criticando también la retribución anual de 75.000 euros que percibe el presidente del Consell, alegando que “no la merece”. La formación ha manifestado su intención de luchar activamente para impedir que un presidente “que no ha sabido estar a la altura” reciba una paga que consideran inmerecida.
El portavoz de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, expresó que Mazón no debería recibir 75.000 euros al año por ser “el ‘president’ más negligente”, recordando un incidente donde, según Baldoví, Mazón priorizó permanecer en un restaurante mientras se desarrollaba una crisis de emergencia. Además, destacó la falta de cumplimiento de sus deberes gubernamentales en momentos críticos para la comunidad.
Baldoví, acompañado por otros diputados de la coalición que mostraron mensajes de “No a la paguita” y “Mazón dimisión”, subrayó que este estilo de gobierno comenzó “desde el primer día”, con acuerdos como el “pacto de la servilleta con Vox”. También enfatizó que Mazón debió haber renunciado tras su manejo de la situación en la dana del 29 de octubre, debido a su falta de respuesta adecuada.
En el ámbito educativo, Compromís denunció recortes significativos, mencionando la reducción de más de mil profesores en distintos niveles educativos y un recorte de más de 600 millones en construcción de infraestructuras escolares. Criticó al conseller de Educación, José Antonio Rovira, por su gestión. En el sector social, se refirieron a un “desmantelamiento” y privatización de servicios, enfocándose en las políticas de la vicepresidenta primera Susana Camarero, que, según ellos, favorecen a las empresas privadas mientras aumenta la espera para servicios esenciales.
En cuanto a vivienda, se cuestionó la falta de regulación de precios y el desarrollo de un plan que, según Baldoví, beneficia a los constructores. En derechos civiles, se lamentaron recortes atribuidos al pacto con Vox, afectando principalmente a la comunidad LGBTI y permitiendo la legalización de terapias de conversión, además de cuestionar el compromiso del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, con la salud pública frente a intereses privados.
Finalmente, Isaura Navarro, portavoz adjunta, señaló la opacidad del Consell en etapas de reconstrucción tras desastres, criticando a Francisco José Gan Pampols, vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, por delegar en empresas privadas sin consultar a las víctimas afectadas. Paula Espinosa, también síndica adjunta, señaló los riesgos del modelo territorial promovido, que no toma en cuenta las recomendaciones científicas ni las medidas contra el cambio climático.
