El diputado en la Cámara baja de Compromís, Joan Baldoví, ha pedido al Gobierno que diga, de forma clara, si los ciudadanos van a tener que cargar con los 1.700 millones que la empresa responsable del proyecto de almacenamiento de gas Castor reclama si la instalación es clausurada.
Baldoví hizo estas declaraciones a Servimedia al ser preguntado por el informe del Instituto Geográfico Nacional que afirma que hay relación directa entre los más de 400 terremotos que hubo en septiembre de 2013 en el litoral norte de Castellón y el proyecto Castor.
“Reclamo que desde el Gobierno se nos diga, desde ahora, ya y de forma bien clara, si al final tenemos que ser los ciudadanos los que al final cargamos con un negocio privado que ha fallado”, ha dicho.
Baldoví teme que “al final sean los ciudadanos los que de nuevo tengan que rescatar grandes empresarios de este país que, al parecer, hacen negocios para no perder nunca”.
Baldoví se refería así a la retribución de 1 .273 millones que la empresa gestora del almacén, Escal UGS, tiene reconocida por desarrollar esta actividad, cantidad a la que se suman 186 millones por la inyección de gas colchón y hasta 234 millones por los costes financieros afrontados hasta que empezó a funcionar temporalmente. En total: 1.693 millones.
Asimismo, ha señalado que su formación volverá a pedir la paralización automática de esta planta y su cierre. “Entendemos que primero está la integridad de las personas”, ha argumentado.
