Compromís ha solicitado al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional con respecto a ciertos artículos de la ley 5/2025, aprobada el 30 de mayo, que incluye reformas en la ‘Ley Trans’ de Valencia. Esta iniciativa ha sido impulsada por Àgueda Micó, diputada en el Congreso, y Francesc Roig, diputado de la coalición en Les Corts.
La coalición política argumenta que la legislación, promovida por el PP y Vox, modifica significativamente la ‘Ley Trans’ valenciana, infringiendo derechos fundamentales y principios constitucionales. Según Compromís, se eliminan varios derechos hasta ahora reconocidos a las personas trans, alterando la esencia garantista de la normativa original.
Micó ha manifestado que este suceso representa el primer recorte de derechos para las personas LGTBI en la historia democrática de la Comunidad Valenciana, evidenciando el modelo que PP y Vox implementan en las comunidades autónomas bajo su gobierno. Los acusa de reducir derechos, atacar la diversidad e imponer su visión homogénea de la sociedad. Según la diputada, el rechazo del PP a los derechos de las personas LGTBI es un hecho constatado.
Roig ha criticado el acuerdo entre Mazón y Vox, que considera dañino, calificándolo como un pacto que mantiene al presidente de la Generalitat con el apoyo de la extrema derecha. Según Roig, el rechazo de la ciudadanía valenciana al presidente es elevado, y califica de cruel que las personas LGTBI, especialmente las trans, sean quienes sufran las consecuencias de este pacto. Por ello, buscan llevar este recorte de derechos ante el Tribunal Constitucional.
Entre las objeciones planteadas, Compromís destaca la contravención al principio de igualdad y no discriminación (artículo 14 de la Constitución Española), ya que la nueva ley disminuye la protección contra la discriminación al suprimir conceptos clave como “discriminación por error” y “victimización secundaria”.
Asimismo, señalan un debilitamiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad (artículo 10 CE) al imponer la ley requisitos médicos y psicológicos a las personas trans, devolviendo a un modelo que las considera “personas enfermas”.
La coalición también denuncia la vulneración del derecho a la integridad física y psíquica (artículos 15 y 10 CE) debido a la ambigüedad de la ley respecto a las terapias de conversión, permitiendo prácticas que intentan modificar la identidad de género.
Además, indican que el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza (artículo 27 CE) se ve afectado, ya que la ley elimina la obligación de abordar la diversidad de género en proyectos educativos y condiciona estas actividades al acuerdo parental, lo que podría provocar una censura ideológica en las escuelas.
Finalmente, Compromís subraya una posible infracción del derecho a la intimidad (artículo 18 CE) debido a las “cláusulas de compatibilidad” relacionadas con el uso de espacios segregados por sexo, que podrían justificar la exclusión de personas trans.
El Defensor del Pueblo deberá estudiar ahora la solicitud presentada por Compromís y decidir si procede con el recurso de inconstitucionalidad contra la normativa aprobada por PP y Vox en el Parlamento de Valencia.
