La coalición Compromís ha presentado una serie de enmiendas al proyecto de Ley de Vivienda, entre las que destaca la propuesta de una nueva disposición normativa para prohibir temporalmente la venta de viviendas a personas físicas o jurídicas sin nacionalidad correspondiente al Estado español. La iniciativa pretende emular la medida adoptada por Canadá para controlar los precios y evitar la especulación con la compra de viviendas. Según la propuesta de Compromís, se aplicaría una moratoria de 36 meses para la venta de viviendas a personas no españolas, con excepciones para personas con permiso de trabajo en España, refugiados, entidades de uso social y otros casos específicos. La coalición ha señalado que la prohibición es necesaria para frenar la especulación inmobiliaria y garantizar una política habitacional efectiva en España
La coalición valenciana Compromís ha presentado una serie de enmiendas al proyecto de Ley de Vivienda en el Congreso de los Diputados, entre las que se encuentra la propuesta de una nueva disposición normativa para prohibir temporalmente la venta de viviendas a personas físicas o jurídicas sin nacionalidad correspondiente al Estado español. La medida propuesta emularía la iniciativa tomada por Canadá para controlar los precios de la vivienda, que ha prohibido la compra de viviendas a extranjeros no residentes durante dos años a partir del 1 de enero de 2022. Según la coalición, la adquisición de inmuebles se ha convertido en un objeto de especulación en muchas zonas del territorio del Estado, por lo que esta prohibición es necesaria.
La propuesta de Compromís consiste en aplicar una moratoria de 36 meses desde la entrada en vigor de la ley para la venta de viviendas a las personas físicas o jurídicas (entidades y empresas) no españolas o que no ostenten la nacionalidad española desde hace un año antes de la compra del inmueble. Sin embargo, la prohibición no se aplicaría a las personas con permiso de trabajo en España durante un período mínimo de tres años anteriores a la compra y que no hayan comprado más de una propiedad residencial, a las personas exiliadas o refugiadas o en situación de vulnerabilidad acreditada que no hayan comprado más de una propiedad residencial, a la ciudadanía sin nacionalidad española con estatus de residente temporal válido durante un período mínimo de cinco meses antes de la compra y que no hayan comprado más de una propiedad residencial, y a las entidades cuyo objetivo sea el uso social de las viviendas.
El senador de Compromís, Carles Mulet, ha señalado que la ley de vivienda supone un avance en política habitacional, pero se ha quedado corta en medidas como el control del abuso de los fondos buitres, la especulación, los apartamentos turísticos descontrolados y la falta de medidas efectivas para las zonas rurales. Mulet también ha criticado las medidas «hipócritas» como la cesión de las viviendas de la Sareb a las comunidades autónomas, «siempre y cuando las CCAA las vuelvan a pagar», y el hecho de que esas viviendas ya se han pagado con el dinero público cuando se realizó el rescate bancario.
La propuesta de Compromís ha sido presentada como enmienda al proyecto de Ley de Vivienda que se encuentra actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados, y el plazo para presentar enmiendas finalizará el 4 de mayo. Los grupos parlamentarios tendrán dos semanas para negociar y mejorar estas propuestas con transaccionales. Mulet ha afirmado que la propuesta de Compromís está abierta para que se pueda debatir sin tapujos y ver del lado de quién se posicionan los partidos con más representación.
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