El Juzgado de Primera Instancia nº 87 de Madrid ha condenado a la aseguradora ASISA a indemnizar con más de 525.000 euros a la familia de un paciente de 61 años que falleció por negligencia médica en Valencia. La muerte del paciente se debió a la suspensión de una cirugía cardíaca crítica, que fue postergada debido a la falta de autorización administrativa para el uso de un dispositivo necesario.
Sentencia y mala praxis
El paciente, que padecía una enfermedad cardíaca, estaba programado para una intervención quirúrgica el 30 de junio de 2016 en el Hospital Quirón Valencia. Durante la operación, los cardiólogos determinaron que era necesario implantar un dispositivo de resincronización cardíaca asociado a un desfibrilador (TCR-DAI), en lugar del dispositivo inicialmente prescrito (TCR). Sin embargo, la falta de autorización por parte de ASISA para el uso del nuevo dispositivo llevó a la suspensión de la operación. El paciente fue dado de alta sin haber recibido ninguna prueba adicional para verificar su estado, y cuatro días después, falleció en su domicilio.
La sentencia inicial del Juzgado de Primera Instancia nº 87 determinó que hubo una grave negligencia médica. La jueza concluyó que la operación se pospuso injustificadamente debido a la espera de una autorización administrativa de ASISA, lo que supuso un riesgo mortal para el paciente. La Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso interpuesto por ASISA y confirmó la sentencia inicial, condenando a la aseguradora a pagar 308.742 euros más intereses de demora, que ascienden a más de 217.000 euros, sumando un total de más de 525.000 euros.
Reacciones
Carmen Flores, presidenta de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’, denunció que la priorización de cuestiones burocráticas y económicas por parte de ASISA puso en grave peligro la vida del paciente. Flores afirmó que si la aseguradora hubiera autorizado la colocación del dispositivo necesario durante la operación, el paciente no habría fallecido.
La sentencia subraya la importancia de priorizar la salud y seguridad de los pacientes sobre los trámites administrativos y las consideraciones económicas. Este fallo sirve como un recordatorio de la responsabilidad de las aseguradoras médicas de actuar con celeridad y prioridad en la autorización de tratamientos críticos para evitar tragedias similares en el futuro.Este caso resalta la importancia de un sistema de salud que garantice una atención médica oportuna y adecuada, sin demoras injustificadas debido a procedimientos burocráticos. La indemnización a la familia del paciente representa una medida de justicia, pero también una llamada de atención a las aseguradoras para que revisen y mejoren sus procedimientos de autorización en situaciones de emergencia médica.
