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El Ministerio de Consumo y el TSJ de Madrid actúan contra el fraude en el alquiler vacacional; la Comunidad Valenciana entre las más afectadas por la medida
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ordenado la retirada de 65.935 anuncios de alquiler vacacional en Airbnb por incumplir la normativa autonómica. La medida, refrendada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), afecta directamente a anuncios en la Comunidad Valenciana, además de otras cinco comunidades autónomas.
Un primer bloqueo de 5.800 anuncios, muchos en Valencia
La actuación se basa en tres resoluciones de la Dirección General de Consumo que detectaron múltiples infracciones en los anuncios publicados por Airbnb. Entre ellas, la falta de número de registro turístico, la omisión de información clave sobre la naturaleza del arrendador (si es profesional o particular), y la inclusión de licencias falsas o inexistentes.
El TSJM ha respaldado las medidas adoptadas por el ministerio, ordenando la retirada inmediata de un primer bloque de 5.800 anuncios, muchos de los cuales corresponden a municipios turísticos de la Comunidad Valenciana como València, Benidorm, Dénia, Gandia o Peñíscola.
¿Qué dice la normativa autonómica?
La legislación de la Generalitat Valenciana exige que cualquier vivienda turística esté inscrita en el Registro de Turismo y muestre públicamente su número de licencia. Además, debe cumplir con requisitos de calidad, seguridad y fiscalización. La falta de este registro supone una infracción grave y puede conllevar sanciones de hasta 90.000 euros.
Desde el sector hotelero y vecinal se aplaude esta medida. “Llevamos años denunciando el aumento de pisos turísticos sin control, que encarecen el alquiler y degradan la convivencia en los barrios”, señalaba ayer una portavoz de la Federación de Asociaciones de Vecinos de València.
Airbnb, bajo presión legal
Airbnb presentó recurso contra la primera resolución del Ministerio, pero la justicia madrileña ha avalado la actuación del Gobierno. El fallo obliga a la plataforma a eliminar todos los anuncios afectados sin posibilidad de demora.
La empresa con sede en Irlanda deberá revisar no solo los anuncios vigentes sino también sus mecanismos de control interno y verificación de licencias. Este fallo podría marcar un precedente en Europa sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en el control de la legalidad de sus contenidos.
Bustinduy: “Queremos proteger el derecho a la vivienda”
El ministro Pablo Bustinduy ha defendido la medida como una acción decidida para frenar el fraude en el sector del alquiler turístico y garantizar el derecho a la vivienda: “No se puede permitir que se opere fuera del marco legal mientras los precios del alquiler suben y los vecinos pierden su barrio”.
El Ministerio está colaborando con comunidades autónomas como la Valenciana para armonizar criterios y desarrollar herramientas conjuntas de control digital. Además, desde la Unidad de Análisis de Consumo se continúa con expedientes abiertos a otras plataformas y empresas gestoras.
Un fenómeno que afecta al día a día
En barrios como Ruzafa, el Cabanyal o Ciutat Vella, muchos vecinos han expresado su hartazgo ante la proliferación de pisos turísticos sin control. Ana V., residente en la calle Cuba, comentaba: “Aquí antes vivíamos familias, ahora cada semana hay maletas nuevas, ruido y más pisos comprados para turistas”.
Desde la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV) también se ha valorado positivamente la medida, por la competencia desleal que supone para los alojamientos reglados.
Conclusión: un paso firme hacia un turismo más justo
Esta actuación marca un punto de inflexión en la lucha contra el alquiler vacacional ilegal. La Comunidad Valenciana, una de las regiones más afectadas por este fenómeno, se encuentra ahora en una mejor posición para recuperar el equilibrio entre turismo, vivienda y convivencia urbana.
La pregunta que muchos se hacen ahora es: ¿seguirán otras plataformas el mismo camino? ¿Serán suficientes estas medidas para frenar el uso especulativo de la vivienda?
📸 Sugerencias de imágenes para el artículo
- Captura de pantalla de un anuncio de piso turístico en València con licencia dudosa.
- Imagen de un edificio del centro con carteles de “prohibido Airbnb”.
- Gráfico comparativo de viviendas turísticas registradas vs. ilegales por municipio.
Texto alternativo (alt text) SEO:
“Consumo ordena retirar más de 65.000 anuncios turísticos ilegales de Airbnb en España; 5.800 afectan a la Comunidad Valenciana”
