El pleno del Ayuntamiento de Alicante comenzó este jueves con controversia y fue suspendido durante una hora debido a la presencia del portavoz municipal de EU-Podem, Manolo Copé, quien se encuentra de permiso por acogimiento familiar. Copé defendió su derecho a ejercer su cargo público y aseguró que no se iría “al menos de forma voluntaria”. Ante esta situación, el alcalde Luis Barcala decidió suspender la sesión y advirtió que no habría “fotografía” de un desalojo.
En el orden del día estaba la propuesta de instar a Les Corts a modificar la ley para que Alicante sea reconocida como una ciudad de predominio lingüístico castellano. En paralelo, se llevó a cabo una concentración fuera del consistorio en oposición a este cambio.
EU-Podem ha anunciado que impugnará la sesión plenaria, al considerar que se han vulnerado los derechos fundamentales de su portavoz, quien no pudo intervenir ni votar. El secretario municipal recordó un informe de octubre de 2024 señalando que Copé “no podía asistir por baja”. Este señaló que, debido a la falta de renuncia al permiso, Copé estaría presente sin poder hablar ni votar.
Luis Barcala expresó que no deseaba un “espectáculo” y defendió no proceder con un desalojo forzoso. Inicialmente, Barcala pidió a Copé que abandonara el pleno, pero este se negó, lo que llevó a la suspensión temporal de la sesión. Copé argumentó que debía asistir al pleno y destacó que el permiso de acogimiento familiar no debería ser un impedimento para participar en la vida política.
Copé criticó lo que consideró una “estrategia predefinida” y lamentó que las 8.000 personas que apoyaron a su partido se quedaran sin representación. Por su parte, EU-Podem denunció que no es la primera ocasión en que el Partido Popular recurre a la exclusión de sus representantes, asegurando que la medida carece de respaldo legal.
El equipo de gobierno, liderado por Luis Barcala, defendió su proceder y destacó que se ofreció la posibilidad de debatir las iniciativas presentadas por Copé antes de su permiso, lo que este rehusó. El mismo argumento fue sostenido por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante, que en mayo desestimó un recurso de Copé por presunta vulneración de derechos políticos, confirmando que la convocatoria del pleno de enero fue correcta.
