Los partidos políticos presentan obstáculos para avanzar con la Zona de Bajas Emisiones en Valencia
En el Ayuntamiento de Valencia, todos los partidos han presentado razones para no dar luz verde a la Zona de Bajas Emisiones. La falta de disposición para negociar es evidente, y el pasado lunes se presentó una propuesta de la oposición que exigió al PP, como partido mayoritario, que se abstuviera en un pleno extraordinario. Sin embargo, no se ha avanzado en las conversaciones y la ciudad podría perder 150 millones de euros, casi el 10% del presupuesto municipal, si la ZBE no está aprobada para el 31 de diciembre. Esto afectará a quien esté en el gobierno en ese momento.
El Partido Popular ha manifestado su desacuerdo con las sanciones que entrarían en vigor en enero de 2026, propuestas por Compromís y el PSPV, algo que consideran inaceptable. Madrid y Barcelona tuvieron entre cuatro y cinco años para implementar sus zonas de bajas emisiones, algo que el equipo de gobierno de Ribó no dejó preparado. El PP no está dispuesto a negociar proyectos que incluyan plantas viarias o urbanas, como Colón o un corredor verde sin coches, propuestos por la oposición.
Por su parte, Compromís y el PSPV presentaron una moción que busca que el PP se abstenga, incluyendo planes como la reversión del modelo de Colón a la gestión de Grezzi y la ampliación de aparcamientos para residentes. La oposición sostiene que más restricciones resultan en una reducción de la contaminación, aunque dudan que el PP quiera negociar este enfoque.
El PSPV insiste en el desarrollo de un corredor verde sin coches en la Estación del Norte, un proyecto que no resultó ganador en las elecciones pero que sigue siendo una prioridad para ellos. Afirman que el proyecto podría coexistir con las futuras viviendas planeadas y proponen ejemplos como el Jardín del Turia.
Finalmente, Vox, aliado del gobierno local, se opone a la ZBE por considerarla una imposición del Gobierno de Pedro Sánchez y parte de una agenda verde europea con la que no están de acuerdo. Esto compromete las finanzas municipales, que podrían perder una cantidad significativa si no se resuelve el tema.
El plazo se acerca y la falta de acuerdo amenaza con dejar a la ciudad con una enorme penalización económica en el futuro próximo.
