El portavoz de EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante, Manolo Copé, ha anunciado la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante la presunta vulneración de sus derechos fundamentales. Según afirma, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, le impidió participar en el pleno de junio debido a su permiso por acogimiento familiar, el cual concluye el 6 de agosto. Copé busca que se declaren nulos los acuerdos adoptados en dicha sesión, en la que no pudo intervenir ni votar.
El escrito presentado ante la Justicia destaca que la decisión de Barcala infringe el derecho de ejercer el cargo de concejal en igualdad de condiciones, tal como lo garantiza el artículo 23.2 de la Constitución Española. Además, se refiere a la Declaración Universal de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Copé había comunicado a la secretaría del pleno su intención de disfrutar su permiso con fines de acogimiento, previamente concedido por un decreto de alcaldía.
La defensa de Copé señala que la decisión del alcalde en el pleno de junio carece de base legal y restringe derechos inherentes al ejercicio del cargo público electo. Este dilema ya se había presentado judicialmente cuando el portavoz fue excluido de la convocatoria del pleno de enero de 2025. En ese momento, Copé logró que un juez suspendiera la sesión plenaria, aunque el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Alicante falló a favor de la legalidad de la convocatoria.
En una conferencia de prensa, Copé enfatizó que la acción de Barcala es “arbitraria, injustificada y políticamente inaceptable”. Un informe técnico y consultivo de la secretaría del pleno, emitido en octubre, no respalda la decisión del alcalde, lo que Copé califica como una “estrategia de exclusión política”. También criticó a la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda, acusándola de usar su permiso como justificación para censurar a un representante político.
Copé reta a Barcala a someter a votación su participación en el próximo pleno y reitera que la actitud del alcalde implica una “persecución política”. Además, Copé anunció que pedirá medidas cautelares para impedir la realización del pleno de julio, si no se le permite participar.
Lucía Ibáñez, asesora de EU-Podem y coordinadora de Esquerra Unida Alacant, sostiene que la situación es una vulneración de los derechos políticos de los votantes de la coalición y han emitido una carta abierta a Barcala exigiendo la restauración de dichos derechos. La carta ya cuenta con más de 130 firmas y adhesiones.
