El asesinato del menor de 13 años en Sueca no es un hecho aislado dentro de la crónica de sucesos en España. Aunque cada crimen tiene circunstancias propias, la investigación judicial y criminológica detecta patrones recurrentes en casos donde la violencia vinculada a conflictos familiares acaba descargándose sobre víctimas indirectas, a menudo menores.
En estos escenarios, el agresor no dirige el daño contra la persona con la que mantiene el conflicto, sino contra alguien simbólicamente conectado con ella. Es lo que los expertos definen como violencia colateral o instrumental, una tipología que ha aparecido en distintos puntos del país en la última década.
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El denominador común: conflictos prolongados y percepción de agravio
En los casos analizados por fuerzas de seguridad y juzgados de instrucción, aparece un elemento constante: conflictos judiciales largos, vividos como una humillación o pérdida de control por parte del agresor.
Custodias, separaciones, informes sociales adversos o denuncias previas generan, en determinados perfiles, una narrativa de persecución personal. El agresor se sitúa mentalmente como víctima de un sistema injusto y acaba construyendo una lógica distorsionada de represalia.
Este patrón se repite en crímenes como:
- El asesinato de los hijos de Ruth Ortiz en Córdoba (2011), donde José Bretón utilizó a los menores como instrumento de castigo hacia su expareja.
- El caso de Santomera (Murcia, 2019), donde un hombre mató al hijo de su pareja tras meses de enfrentamientos judiciales.
- El crimen de Godella (Valencia, 2019), donde el fanatismo y el aislamiento emocional desembocaron en violencia extrema contra menores.
Aunque las motivaciones inmediatas varían, el sentimiento de agravio acumulado es una constante.
Víctimas que no forman parte del conflicto
Uno de los elementos más perturbadores de este tipo de crímenes es que la víctima no mantiene una relación directa de conflicto con el agresor. En Sueca, el menor asesinado era amigo del hijo del autor confeso y no tenía vínculo alguno con la disputa entre adultos.
Este desplazamiento del daño responde a una lógica perversa: el agresor busca causar el máximo impacto emocional posible, incluso aunque eso suponga cruzar límites morales absolutos. En términos criminológicos, se trata de una externalización de la violencia, donde el objetivo no es resolver el conflicto, sino dejar una huella irreversible.
El mito del “ataque de locura”
Otro rasgo común es la apelación al colapso mental momentáneo. En numerosos interrogatorios, los autores confiesan los hechos pero los encuadran dentro de un supuesto episodio de “locura”, “desconexión” o “pérdida de control”.
Sin embargo, los informes forenses suelen descartar brotes psicóticos graves y apuntan más bien a personalidades con baja tolerancia a la frustración, rigidez emocional y dificultad para gestionar conflictos prolongados.
En la mayoría de los casos comparables:
- No existe un diagnóstico psiquiátrico incapacitante.
- Sí hay antecedentes de depresión, ansiedad o conflictos conductuales.
- Aparecen señales previas que no llegaron a activar alertas eficaces.
Sistemas de protección: alertas que no siempre llegan a tiempo
Una de las cuestiones que se repite tras cada crimen de este tipo es la revisión de los mecanismos de prevención. En varios casos similares, los agresores habían pasado por:
- Sistemas de seguimiento de violencia de género desactivados.
- Informes de servicios sociales sin continuidad.
- Procedimientos judiciales fragmentados entre distintas instancias.
El problema no suele ser la ausencia total de información, sino la falta de conexión entre piezas dispersas que, vistas en conjunto, podrían haber activado medidas de prevención más intensas.
La infancia como víctima invisible del conflicto adulto
Los expertos subrayan que estos crímenes ponen de relieve un fallo estructural: la tendencia a analizar los conflictos familiares solo desde la óptica de los adultos, sin evaluar suficientemente el impacto emocional y el riesgo para los menores que orbitan alrededor de ese conflicto.
En Sueca, como en otros casos, el niño no era objeto de disputa, pero quedó atrapado en un entorno de tensión latente que nadie supo o pudo neutralizar a tiempo.
Un patrón que obliga a mirar más allá del caso concreto
El asesinato de Álex se investiga ahora como un crimen individual, pero su contexto encaja en una tipología conocida por jueces, fiscales y cuerpos policiales. La reiteración de estos patrones plantea una pregunta incómoda pero necesaria:
¿Está el sistema preparado para detectar cuándo un conflicto privado deja de ser solo un problema familiar y empieza a convertirse en un riesgo público?
Responder a esa cuestión es clave para que la violencia extrema no vuelva a encontrar víctimas que, como en Sueca, no tenían nada que ver con la guerra que otros libraban.
