Cuatro de cada diez hogares en España tienen dificultades para acceder a una vivienda y, cuando lo consiguen, destinan casi la mitad de sus ingresos a pagarla. Es una situación que, según los expertos, se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos del país.
La presión sobre el mercado no deja de aumentar. Cada año se crean más de 200.000 nuevos hogares, lo que incrementa la demanda de vivienda en un contexto de oferta limitada. A esta realidad se suma un factor clave que preocupa especialmente a los especialistas: en 2026 vencen alrededor de 635.000 contratos de alquiler firmados en 2020, en plena pandemia, cuando los precios eran sensiblemente más bajos.
Desde entonces, el alquiler ha subido en torno a un 30%, una subida que lo hace inasumible para una gran parte de la población. La consecuencia directa es que muchas familias se ven obligadas a dedicar una parte desproporcionada de sus ingresos a la vivienda, reduciendo su capacidad de ahorro y aumentando el riesgo de exclusión residencial.
Ante este escenario, expertos como Víctor Palomo y Julio Rodríguez, este último miembro del Consejo Asesor de la Vivienda, consideran imprescindible la aprobación de un decreto ley que permita prorrogar los contratos de alquiler firmados durante la pandemia. A su juicio, esta medida ayudaría a amortiguar el impacto que tendrá la actualización de rentas para cientos de miles de hogares.
Además, reclaman una regulación más clara del alquiler de temporada y del alquiler habitacional, dos modalidades que, según advierten, se están utilizando en algunos casos para esquivar los límites de precios establecidos en las zonas tensionadas. Los expertos insisten también en la necesidad de una apuesta decidida por la vivienda social de carácter permanente, como herramienta estructural para garantizar el acceso a una vivienda digna.
Medidas fiscales para frenar la especulación
Otra de las propuestas sobre la mesa pasa por aplicar medidas fiscales que desincentiven la inversión puramente especulativa en vivienda. El objetivo es frenar el acaparamiento por parte de grandes tenedores y fondos de inversión en un mercado claramente al alza: solo el año pasado se vendieron cerca de 800.000 viviendas.
Los expertos subrayan que este contexto genera amplios beneficios empresariales, pero también una barrera de entrada cada vez mayor para quienes buscan una vivienda para vivir y no para invertir. En definitiva, reclaman un cambio de enfoque que priorice el uso residencial frente al negocio inmobiliario.
“Menos vivienda como producto financiero y más casas para vivir”, resumen, como conclusión, quienes alertan de que sin medidas estructurales el problema de acceso a la vivienda seguirá agravándose en los próximos años.
